Más de mil médicos desprotegidos ante el coronavirus se suman a la demanda millonaria contra la Generalitat Valenciana

La organización cerró el plazo de inscripción el pasado 31 de marzo, pero seguirá promoviendo estas iniciativas hasta que los hechos prescriban. Pese a que las tres sentencias -de las cinco previstas- han seguido criterios dispares , CESM quiere que se tome como referencia la primera de ellas, la del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, que contempla las cuantías más elevadas.

En este caso, que afecta a 154 médicos, se obliga a la Conselleria de Sanidad a abonar 5.000 euros para los profesionales que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 para quienes fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de coronavirus; 35.000 para los que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los contagiados que sí que estuvieron hospitalizados.

Otra magistrada en Benidorm rebajó esas cantidades a 2.000, 3.000, 4.000 y 6.000 euros, respectivamente, para otros 57 sanitarios. Un homónimo en Valencia, sin embargo, no hizo distinciones: los 107 demandantes recibirán 4.500 euros pese a que sus situaciones también son dispares.

A la espera de los recursos presentados tanto por CESM como por la Generalitat Valenciana -amparándose en la defensa del «interés general» de la ciudadanía, en su conjunto los tres fallos superan los dos millones y medio de euros . Pero la cifra final podría alcanzar los tres millones, a la espera de lo que determinen los juzgados de Elche y Castellón, a los que han recurrido 30 y 61 facultativos, respectivamente.

Los hechos probados no varían entre ellos: Sanidad dejó que los profesionales -«que continuaron desempeñando su función en todo momento» pese al «grave riesgo»- se enfrentaran a la nueva infección sin protección porque «no se había hecho acopio suficiente» del material , ni se ofreció formación hasta más tarde. Dos factores que contribuyeron a la elevada incidencia entre el colectivo.

«Se les llegó a proporcionar una mascarilla quirúrgica para varios días o a lo sumo una por día en los servicios en los que existía un riesgo mayor, concretamente en Urgencias. Las mascarillas FFP2 se encontraban bajo llave y solo eran suministradas en casos contados. Los facultativos tampoco disponían de guantes ni de batas», indica una de las sentencias.

En ese sentido, el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat no contribuyó a apaciguar los ánimos. El escrito apuntaba a que «la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba». Una palabras que hirieron la sensibilidad del colectivo , cuyas organizaciones llegaron a amenazar al Consell con acciones legales, al verse acusados de robar un bien escaso en ese momento.