El juez pide al Supremo que decida si imputa a Rita Barberá por blanqueo de capitales

En paralelo, una jueza de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora territorial del PP por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Respecto al caso Taula, la Fiscalía se mostraba partidaria desde febrero de que la causa de Barberá fuera al TS, pero el magistrado consideraba que la investigación «no estaba agotada» y prefirió esperar a que se encontrara más madura y los indicios tuvieran más consistencia. De hecho, ofreció declarar a la exalcaldesa de Valencia, lo cual realizó por escrito para asegurar que no le devolvieron los mil euros que donó al PP para la financiación de la campaña de las elecciones municipales de 2015 (al igual que el resto de concejales y asesores investigados). También apuntó que no recordaba cómo entregó la cantidad.

Ahora, y pese a que todavía existen declaraciones previstas para el próximo viernes, el juez entiende que puede elevar ya esta exposición razonada, que en ningún caso -remarcan fuentes expertas- se trata de una petición de imputación, sino de una recopilación de información que le sirva al tribunal para tomar una determinación al respecto.

El magistrado, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, considera que, habiendo reconocido Barberá que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, resultaría «incoherente» no elevar exposición al Tribunal Supremo , por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria nacional.

Resalta, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

En su escrito el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias , la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster , también imputada en este procedimiento.

La justificación principal es, como informó ABC, la posición jerárquica de Barberá en el Ayuntamiento por su cargo de alcaldesa y, como tal, su capacidad de decisión y de mando. «Existía, además, una r elación personal de estrecha confianza entre la exalcaldesa y García-Fuster, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal «son muy anteriores en el tiempo«, pero considera «significativo» el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero .

El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miguel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV . Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones .

En el caso de que, una vez recibido el escrito del magistrado respecto a Barberá, el Supremo siguiera adelante, plantearía un suplicatorio al Senado , donde el presidente lo remitiría a la Comisión de Suplicatorios. Aunque el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta, no podría rechazar la concesión aunque quisiera, puesto que de acuerdo con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional, la negativa a otorgar la autorización sólo puede producirse en caso de que, hecha la acusación penal, se percibiera en la querella un intento de alterar la composición del Senado o su funcionamiento.

La comisión procedería a llamar a Barberá para escuchar su razonamiento y emitiría un dictamen en el plazo máximo de un mes. Posteriormente, su debate sería incluido en el orden del día del primer pleno ordinario (este punto se trataría en sesión secreta). El Senado trasladaría el acuerdo al Supremo en el plazo de ocho días y éste ya podría desde ese momento llamar a declarar a Barberá.