El juez imputa a Rus y a otras 11 personas por la adjudicación del «Call Center» de la Diputación de Valencia

Entre ellas, se encuentra la de la adjudicación valorada en 2,26 millones de euros del servicio de «Call Center» tributario a la empresa Servimun, vinculada al exsuegro del que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent . Concretamente, era gestionada por su hijo.

Sobre esta pieza el magistrado ha alzado el secreto y figuran hasta 12 investigados por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. Entre ellos, se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, además de Benavent y su suegro, Mariano López . También el diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria.

Ocho tendrán que declarar en el juzgado los días 12 y 16 de septiembre (Rus este último).

El instructor entiende que existen indicios de que la adjudicación pudo ser decidida por el entonces presidente de la Diputación de Valencia con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa . En ese proceso, señala el auto, actuó como «intermediario connivente» el suegro de Benavent.

Rus habría contado también con la «colaboración» del que fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial, Salvador Dausa, para manipular el proceso de adjudicación «vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública».

Las supuestas irregularidades afectan también al «eventual incumplimiento» por parte de la empresa adjudicataria, Servimun, de las obligaciones estipuladas en el contrato, habiendo podido suponer un «daño o perjuicio patrimonial» al erario público . En esta pieza separada se analizan igualmente facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con varias empresas.

La segunda pieza investigará las supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, dirigida por una de las principales imputadas en este caso, María José Alcón. Concretamente, se trata de las de la celebración de la XVII Mostra de Valencia del 2006 y la restauración de edificios de la ciudad. El secreto se alzará, previsiblemente, el próximo mes.

La tercera todavía permanece secreta , al igual que la principal, en la que figuran el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones. La causa es que todavía no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros.

Ésta se volverá a desgajar en otras dos piezas, una relacionada con las contrataciones de personal en Imelsa y otra con estos mismos hechos en la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de centros educativos . Así, además de la principal, se constituirían un total de siete piezas por ahora, contando con la del presunto blanqueo (ampliada a delito electoral) y la de los trabajadores «zombies» que cobraban sin acudir a su puesto de trabajo.