La juez acusa a Camps de «urdir un plan» con la F-1 para su proyección política

La titular del juzgado de instrucción número diecisiete de Valencia ha dictado un auto de procesamiento contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps al que le acusa de «hurdir un plan» para la construcción de un circuito urbano de Fórmula Uno que, a juicio de la magistrada, perseguía «obtener rédito personal a través de su proyección pública y política».

En un auto de cuarenta páginas al que ha tenido acceso ABC la magistrada observa indicios de que Camps hubiera podido cometer los posibles delitos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El exdirigente del PP estudia presentar una querella contra la juez al entender que su procesamiento «obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura» y cree que se trata de una «censora política de gobiernos». Camps recurrirá el auto de procesamiento porque, según sostuvo ayer, a juez sustenta su decisión en un análisis que «excede de sus competencias».

En contra del criterio del que fuera presidente de la Generalitat, el auto mantiene que la construcción de un circuito urbano de Fórmula Uno se tradujo finalmente en un coste total de 88,8 millones de euros públicos con cargo al erario público.

La magistrada, que junto al expresidente autonómico ha procesado a otras quince personas, expone que Camps «arrogándose facultades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió con fondos públicos» la construcción del circuito urbano de Valencia que acordó con Bernie Ecclestone , máximo responsable de la Fórmula 1, «urdiendo un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades a personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat y a empresas».

La magistrada mantiene en su auto que Camps «impulsó» y «permitió» la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen». Y apunta que lo hizo «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos , dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».

Al respecto, la magistrada liga las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del circuito con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel relativa a l financiación de las campañas electorales del PP en 2007 y 2008, en las que «se instauró una práctica para pago de los servicios prestados (por Orange Market) con facturas falsas o aportaciones al PP efectadas por empresas que resultaban beneficiarias de adjudicaciones públicas y como gratificación por ese trato de favor». Se creó, según sostiene la juez, «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública».

Entre los procesados sesencuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja , hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, quien aparece en los llamados «papeles de Bárcenas» como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según consta en el auto.