Hablamos Español denuncia que le prohíben una concentración por la libertad de lengua en Valencia

«Iremos igualmente, seremos 20, el máximo legal para reuniones sin comunicar», han anunciado, acerca de su intención de expresar su malestar en la calle, sin cometer ninguna infracción legal.

A su juicio, desde las administraciones « pisotean la ley no dejando debatir, pasan de la Constitución Española y ahora tampoco dejan protestar», ya que su petición ahora era debatir en la Cámara su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para defender a las familias de alumnos, los funcionarios y, en general, la población, de la «imposición» del valenciano que detectan en diferentes situaciones y ámbitos.

«Desde la Asociación Hablamos Español hacemos un llamamiento a los cuarenta mil firmantes de la ILP de Libertad de Elección de Lengua y a todos los que apoyan lo que defendemos», han señalado en su web. «Apelamos a los partidos políticos, a los agentes sociales, y a quienes creen en el respeto a los derechos que la Constitución Española nos da a los ciudadanos», han añadido.

La entidad que dirige Gloria Lago busca apoyo social para exigir a los partidos del Gobierno de la Comunidad Valenciana que permita ejercer el derecho a defender la ley de libertad de elección de lengua ante las Cortes Valencianas. «Un derecho que nos hemos ganado aportando el cuádruple de firmas adveradas legalmente requerido, y que nos quieren arrebatar», han lamentado.

En concreto, señalan que la ley que regula las iniciativas legislativas populares (ILP) en la Comunidad Valenciana dice con claridad que tienen derecho a defender esta ley ante el plenario de las Cortes con el mismo tiempo que los parlamentarios y con turno de réplica. Posteriormente, una vez la ILP haya pasado por la Comisión de Educación, también pueden a participar en el pleno, para la votación de esa norma.

Pero para que puedan intervenir en esa sesión plenaria, hay que hacer un cambio en el reglamento. «La ley que regula las ILP daba a las Cortes Valencianas un plazo de tres meses después de su entrada en vigor para que se hiciera esa adaptación del Reglamento, pero no movieron un dedo para cumplir con su obligación», critican, sobre este retraso para un trámite que se podría resolver cualquier lunes cuando se reúne la Comisión de Reglamento.

«Nos quieren despachar mandándonos a una comisión, sin un debate donde poder esgrimir nuestros argumentos. Nos quieren callados. Se niegan a que por primera vez se defienda abiertamente la libertad de elección de lengua en un parlamento de España», explican.

Sus reivindicaciones son eliminar las barreras lingüísticas , que los niños puedan estudiar en la lengua común y que se respete la cooficialidad en las administraciones públicas .

Y han trabajado para la ILP habilitando fedatarios, recogido las firmas siguiendo las normas, «en plena pandemia, en la calle, con frío y con calor».

Ante esta situación de «vulneración derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española», acudirán al Tribunal Constitucional en amparo , «pero es un proceso lento y la Mesa de las Cortes Valencianas también se niega a paralizar los plazos».