Un grupo de docentes ofrece abogado a las familias para pleitear contra la imposición del valenciano

Esta situación viene arrastrada de los últimos meses. «Pese al masivo rechazode las familias y equipos docentes , las autoridades políticas de la Conselleria de Educación mantienen su plan previsto de imponer a los niños el valenciano como lengua vehicular vulnerando todos los criterios pedagógicos y del sentido común y convertir a los hijos de familias castellanohablantes en ciudadanos de tercera categoría», han denunciado.

Su temor, además, está en que esta modificación se implante con celeridad aprovechando la situación atípica de la pandemia. «Precisamente, la consciencia del nivel de repulsa que la medida tiene, ha llevado a los responsables a acelerar el proceso con la máxima discreción posible», señalan.

Como el cambio «condenará definitivamente a más del 60% de los escolares» de la Comunidad Valenciana, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, en colaboración con AMPAS Vega Baja, propone a las familias que presenten recursos ante la Administración «en defensa de la libertad y el futuro de sus hijos».

Ya se han puesto en marcha otras iniciativas en este sentido promovidas por otras organizaciones vinculadas a la defensa de las libertades lingüísticas, y la Plataforma de Docentes ha querido aportar su colaboración contratando los servicios jurídicos con el Bufete de Abogados Chapapría–Navarro & Asociados, que elaborará y tramitará gratuitamente los recursos de las familias.

Ante el «monstruoso atropello que sufren las familias castellanohablantes», los miembros de la plataforma están dispuestos a facilitar el acceso a la Justicia y que no tenga un costo extra para las familias y «la situación no añada a la segregación lingüística la discriminación en razón a la condición económica de las familias».

En este contexto, se ponen a disposición de las AMPA y de las familias particulares «para ayudarles a la defensa de sus hijos» y llama al «masivo envío» de recursos administrativos no solo de la Vega Baja , sino también de toda la Comunidad Valenciana, «indistintamente de que vivan en municipios de predominio lingüístico valenciano o castellano dado que, en todos los casos, existen sólidos argumentos jurídicos para detener la abominación que se cierne sobre el futuro de sus hijos».