El Gobierno pone en peligro 45.000 empleos en Alicante con el recorte al trasvase del Tajo al Segura

Los cambios en las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura, aprobados por la vía decreto y con los votos de un recién creado Consejo Nacional de Agua sin representación de los agricultores, únicamente con dirigentes políticos, según ha denunciado Jóvenes Agricultores- ASAJA , que ve una maniobra «orquestada» para sacar adelante la antesala del fin de los trasvases.

Más del 60% de los regadíos de la provincia se nutren de esta infraestructura que, desde 2014, tiene unas reglas de funcionamiento consensuadas por cinco Comunidades Autónomas. No obstante, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , ha hecho uso en los últimos meses en varias ocasiones de su capacidad discrecional de reducir los caudales de transferencia mensuales dictados por los técnicos, según las reservas en los dos embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía.

El presidente de la Diputación de Alicante , el popular Carlos Mazón , ha convocado de forma urgente para este viernes 16 de abril a la Comisión Provincial del Agua ante el «nuevo cuchillazo» del Gobierno al trasvase, y ha instado al presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig , a «sumarse de forma inaplazable e inexcusable al frente común del sureste español en defensa de esta infraestructura». Asimismo, ha mostrado su «indignación» por el silencio de los ministros valencianos que «solo han ofrecido la callada por respuesta ante este nuevo ataque a los intereses de la provincia y la Comunitat». Esta misma semana, Mazón se ha reunido con el presidente murciano, Fernand o López Miras, para coordinar su estrategia conjunta.

Cerrar el grifo del Tajo-Segura no entraña solo un cataclismo en el campo alicantino, también pueden notarlo en el bolsillo los 1,1 millones de habitantes a los que abastece la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Entre el 30% y el 48% de incremento en el recibo del agua, calculan desde ASAJA Alicante.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante ( INECA ), Rafael Ballester , ha denunciado «el inoportuno agravio» de esta modificación de las reglas de explotación del trasvase «fuera de los cauces legales previstos, y apenas comenzado el proceso de revisión de la planificación hidrológica del Tajo, Segura y Júcar».

A juicio de este portavoz empresarial, la decisión «pone en jaque el conjunto de la economía provincial» y se trata «de nuevo, de una nueva muestra de la escasa sensibilidad que se tiene en algunos despachos ministeriales respecto a la que hace no tanto era la cuarta economía de España, hoy a la deriva por la falta de apoyos y estímulos».

De entrada, se reducen de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua las transferencias mensuales automáticas que se realizan cuando existen suficientes reservas en la cabecera, el considerado Nivel 2. Paradójicamente, este recorte -también para el abastecimiento urbano , que siempre tiene prioridad sobre el riego- llega cuando la cuenca del Tajo se encuentra cinco puntos por encima de la media de volumen embalsado de la década. Y los dos pantanos que abastecen el trasvase suman 866 hectómetros, duplicando el mínimo de 400 para permitir los envíos.

De hecho, la propia ministra ha reconocido hace unos días que estos dos embalses se contruyeron precisamente para trasvasar al área levantina. Estas declaraciones de Ribera llegaron en un momento de casi euforia en Castilla-La Mancha , donde en las filas socialistas celebran el casi inminente fin de los trasvases.

«Estamos en un momento crucial para el presente y futuro del trasvase, puesto que este Gobierno ya se ha desenmascarado completamente y ha mostrado sus intenciones explícitas de acabar con la infraestructura, cediendo así a las peticiones y la fuerza infranqueable del Gobierno de Castilla-La Mancha», ha lamentado el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte , que ha llamado a la movilización de los agricultores para protagonizar una «tractorada histórica» y, a la población en general, ha secundar las protestas que se van a convocar en este mes de abril.

De momento, el clamor en la Comunidad Valenciana llega también desde el PSPV -PSOE, que anunció la presentación de mociones en defensa del trasvase -entre críticas de los populares, que consideran más coherente que exijan suspender los cambios al Gobierno dirigio por su partido- y desde Compromís en Alicante y Elche, que ha protestado contra la decisión «unilateral» de variar las normas de explotación.