Nuevo frente judicial para el alcalde de Alicante por prohibir un festejo taurino

La querella presentada este pasado jueves también va contra el jefe de Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante. Con esta acción, la fundación pretende respaldar al querellante, la Asociación Cultural Taurina Moralet , que solicitó celebrar los 'bous' en una finca municipal de la partida tanto en agosto de este año como en 2016.

En los dos años, la Junta de Gobierno de Alicante denegó la autorización de los festejos, de forma "contraria a derecho" y "arbitraria" y bajo unos "argumentos sin sentido" como el riesgo de lluvias o que "no estaba acreditado el interés general", según explican desde la fundación a Europa Press.

El portavoz del Gobierno local, Natxo Bellido , señaló tras la denegación que "más allá de que se considera que la actividad no reúne el consenso necesario para ser considerada de utilidad pública y de interés social con carácter general", el festejo "también implica a una parcela municipal afectada por una rambla " y, por lo tanto, con riesgo de inundación. Por ello, en base a "informes de Protección Animal y Urbanismo", el Ayuntamiento consideró como "lo más adecuado" denegar la actividad.

La organización taurina ha presentado sendos recursos contenciosos administrativos contra la denegación de la celebración en 2016 y 2017. Sin embargo, Toro de Lidia ve ahora necesario "ir más allá" y "elevar el tono por la vía penal", mediante la querella contra el alcalde y el responsable de Sanidad.

"Con una serie de vaguedades, ponen de manifiesto que la intención del Ayuntamiento es prohibir los festejos taurinos, aunque no tienen competencias para ello" y "consiguen que nunca se celebren los espectáculos", subrayan desde la fundación, que entiende así que "se ha cometido prevaricación" y que es necesario "llevar a juicio" tanto a Echávarri como a Agulló.

Su objetivo es "hacer frente al sectarismo de algunos poderes públicos, capaces de anteponer su ideología frente a la ley, la Constitución y los pronunciamientos judiciales".

Según Fundación Toro de Lidia, el Ayuntamiento de Alicante ya ha sido condenado a abonar un total de 1.452 euros en concepto de costas por el recurso interpuesto tras la primera denegación de la autorización para celebrar el festejo taurino popular en 2016.

El delito de prevaricación dispone que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años", detalla la organización taurina en un comunicado.