El expresidente de la Diputación de Alicante pide la nulidad de las escuchas en el juicio del caso Brugal

Esta circuntancia ya ocurrió en otra investigación derivada de los mismos pinchazos a los móviles en el caso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante , que concluyó con dos multas aunque inicialmente el constructor Enrique Ortiz había confesado que había influido en el diseño del documento cuando gobernaron sucesivamente los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Ahora, en el arranque del juicio por la contrata del Plan Zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja entre 2008 y 2009, si se repite esa invalidación podría desmoronarse la base en la que se sustentan las acusaciones.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, es la sede de este juicio en el que la F iscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicas.

La vista oral ha comenzado con la exposición de las cuestiones previas, en las que las defensas de todos los acusados, entre los que también se encuentran la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente , y el empresario Enrique Ortiz, que tienen previsto adherirse a dicha petición de nulidad durante las siguientes fechas que ha marcado la Audiencia para la celebración de juicio.

En su intervención, los letrados de Ripoll, Fenoll y Gregory han coincidido en que el origen de la trama se había sustentado sobre una « prueba ilícita» penal y que las grabaciones e intervenciones telefónicas suponen una vulneración de los derechos fundamentales, así como de los secretos de comunicaciones, entre otros aspectos.

Asimismo, han recordado que existen sentencias que han declarado nulas las escuchas telefónicas que dan origen a la conocida trama Brugal, por lo que han apelado al principio de igualdad respecto a otras decisiones judiciales. Por ello, han pedido la nulidad «radical» de los autos y audios que sustentan la acusación de la Fiscalía Anticorrupción porque «todas derivan de escuchas ilícitas».

Igualmente, las defensas han insistido en que las 982 grabaciones , cuyas transcripciones habían llenado «más de 10 cajas», son una «grosera» y «flagrante» vulneración de los derechos de defensa. Además, han señalado que «nunca» ha existido una motivación judicial que avale las intervenciones telefónicas.

Respecto a las fechas, la Audiencia ha dispuesto que las cuestiones previas se prolonguen hasta final de año y que el juicio se reanude en enero con las declaraciones de los acusados. Para este martes, está prevista la intervención de las defensas de Ortiz y Lorente, entre otros.

Antes de la celebración del juicio, el abogado de Fenoll insistía, en declaraciones a los medios, en la nulidad de las escuchas del caso Brugal, puesto que «algunas de ellas son las que ya invalidaron». «Se va a insistir en pedir esa nulidad, porque hubo un juicio »muy parecido y se anularon».

Por su parte, la exalcadesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha manifestado a la entrada al Palacio de Justicia de Elche que estaba «muy tranquila». Así, Ortiz ha declarado que se encontraba «de maravilla». El resto ha evitado hacer declaraciones a su llegada a los juzgados.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que el expresidente de la Diputación maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 a fin de que el empresario elegido para la adjudicación del plan comprara a otro aspirante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero de residuos comarcal, coste que el adjudicatario repercutiría después en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos.

Asimismo, manifiesta que el entonces dirigente de la Corporación provincial se benefició de dádivas por parte de los dos empresarios que competían por la adjudicación consistentes en el saneamiento de una televisión local, viajes y vacaciones en yate .

También aceptó presuntamente dos viviendas en Alicante que finalmente no se le llegaron a entregar por la falta de acuerdo sobre la compra de la finca. Por ello, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1.157.305 euros .

Así, a Ripoll le pide hasta 16 años de prisión y 41 de inhabilitación; 17 años y 20 de inhabilitación para los empresarios Angel Fenoll y Enrique Ortiz; y cuatro años de prisión y 24 de inhabilitación para Mónica Lorente. También está acusado el socialista Antonio Amorós, que era el portavoz de la oposición en la Diputación alicantina en aquel momento.