Un exalcalde de IU y delegado sindical de UGT cobró 37.600 euros de Imelsa por un día festivo

En el sumario consta esta comparecencia de junio de 2015 en la que Benavent , autobautizado como el «yonki del dinero», afirma que durante sus siete años al frente de Imelsa (de 2007 a 2014) contrató a «200 o 300 personas», la mayoría de las cuales «ni iba por allí».

Al respecto, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reproduce el sumario (al que ha tenido acceso este periódico) señala que en el caso de Honorio Estornell Canet (alcalde de la localidad valenciana de Llutxent entre 1979 y 1991) «según el modelo 190 de la Agencia Tributaria, recibe en ese año 2008 por es único día una percepción económica de 37.607,64 euros, así como una indemnización de 72.251,72 euros».

El inform e califica de «desproporcionado» el suedo por «estar de alta en la empresa, un día, el 1 de enero de 2008, que es festivo nacional, por lo que presumiblemente no hubiera trabajado».

Honorio Estornell Canet estuvo dado de alta en Imelsa desde el 21 de junio de 2002 hasta el referido 1 de enero de 2008, según consta en el sumario.

La UCO señala que «se habrían favorecido los intereses particulares de Honorio Estornell, a costa de perjudicar los intereses generales que deberían regir en la administración de cualquier ente público. Y todo ello contando siempre con la connivencia de los responsables de Imelsa ».

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (de 77 folios) también incluye testimonios de trabajadores que admitieron que no acudían a su puesto de trabajo. Es el caso de José Estarlich, administrador de la Sociedad Spartaky Sinergias S.L., quien se muestra «arrepentido» de este tipo de actuaciones. Antes de ser administrador de Berceo (donde percibía 1.500 euros al mes), admite que estuvo tres meses cobrando un sueldo sin realizar ningún tipo de trabajo.

La UCO llama al respecto la atención sobre las «desproporcionadas» indemnizaciones por despido que percibieron algunos trabajadores. Benavent admitió ante el juez que la política de la empresa era conceder la máxima (45 días) y que, durante su primer mes en el cargo, se encargó de despedir a 70 u 80 personas por el exceso de personal que había.