El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, el president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, el president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán - EFE
Alicante

Los Defensores del Pueblo de toda España instan a cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de género

El reconocimiento a los menores hijos de las víctimas, ayudas y viviendas sociales y la custodia a los familiares, entre las medidas «urgentes»

ALICANTEActualizado:

Los Defensores del Pueblo de toda España -reunidos en Alicante- han instado a las administraciones al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye una serie de medidas para poner freno a esta lacra social. Y han reclamado su puesta en marcha "con la mayor urgencia posible".

Además, abogan por una implantación generalizada y homogénea de las unidades de valoración integral forense. Así consta en la declaración conjunta de las defensorías del pueblo sobre la atención a mujeres y menores víctimas de la violencia machista, consensuada en las XXXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebradas este martes y miércoles en Alicante y organizadas por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

También proponen la formación de jueces, fiscales, abogados del turno de oficio y cuerpos y fuerzas de seguridad en materia de violencia de género, una formación que, sugieren, debería ser continuada, obligatoria y evaluable.

Además, instan a impulsar los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujer, tal y como se recogen en el Convenio de Estambul.

Igualmente, consideran necesario que la acreditación de la condición de víctima de violencia de género se pueda refrendar no solamente a partir de actuaciones judiciales, sino también mediante los servicios sociales, a efectos de que las mujeres puedan recibir ayudas.

De igual manera, la declaración indica que "ha de reconocerse la condición de víctimas de violencia de género a las personas menores de edad y a los hijos e hijas declarados incapaces mediante un título acreditativo autónomo".

Por otra parte, los Defensores del Pueblo estiman imprescindible la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia machista para propiciar su recuperación integral.

Para ello, exponen, habría que dotar presupuestariamente los recursos y programas destinados a ese fin, entre otras medidas dentro de este apartado.

Los Defensores del Pueblo subrayan la obligación de la legislación de garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia machista a acceder, con carácter prioritario, a viviendas protegidas.

En cuanto a los menores víctimas de la violencia machista, recuerdan que se debe garantizar su derecho a ser escuchados de forma activa en las decisiones que les afecten y tenerse en cuenta siempre su interés superior.

En el supuesto de la existencia de medidas cautelares en el ámbito penal u orden de protección, recomiendan "una modificación normativa que propicie la suspensión temporal de la patria potestad para el padre presunto agresor o de la figura análoga en el derecho civil foral aplicable".

Esta medida, además de proteger la vida del menor, evitaría tener que recabar la autorización paterna para que los hijos e hijas reciban atención sanitaria o para cambios de centros educativos que garanticen su seguridad.

En cuanto a los menores huérfanos de madres víctimas de la violencia machista, los Defensores del Pueblo apuestan por acelerar los procesos de otorgamiento de guardia y custodia a los familiares para, así, evitar situaciones de desamparo.

Gobierno y autonomías

En declaraciones posteriores a dos periodistas, el Síndic de Greuges adjunto de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha explicado que la declaración consensuada será enviada al Gobierno y a las presidencias de los ejecutivos de las distintas comunidades autónomas con la finalidad de lograr mayor protección y mejor atención a las víctimas de violencia machista.

Luna ha destacado que en estas jornadas han tenido la oportunidad, entre otros aspectos, de "analizar los problemas que genera la atención a mujeres y menores víctimas de la violencia de género desde todas las perspectivas posibles" (variantes legislativas y actuaciones de las autoridades judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad).

También se ha abordado en profundidad esta materia desde el prisma de las comunidades autónomas, que tienen competencias en la atención a esas víctimas una vez que se ha producido el maltrato (servicios sociales, sanitarios, educativos, ayudas laborales y de viviendas).

"Por tanto, el abordaje ha sido transversal, multidisciplinar y muy completo de todas las materias que afectan a esta problemática, que son muchas", ha dicho Luna, quien ha recordado que estas jornadas han contado asimismo con la participación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

También han intervenido, entre otros ponentes, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, y el miembro del Comité de Derechos del Niño (ONU) y catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de València, Jorge Cardona.