Crimen de Godella: los padres de los niños asesinados en un ritual se sientan en el banquillo de los acusados

Gabriel C. y María G. se han sentado en el banquillo de los acusados tras configurarse el jurado popular que dilucidará en los próximos días si asesinaron a golpes a sus dos hijos , Amiel y Ixchel, de tres años y medio y seis meses, respectivamente, en un ritual la noche del 13 al 14 de marzo de 2019.

El inicio de la primera sesión se ha destinado a elegir a esos nueve ciudadanos anónimos, más dos suplentes, de entre la treintena de personas seleccionadas por sorteo a través del censo electoral. Un proceso, junto el de la toma de juramento, que se ha prolongado durante cuatro horas. Además, se han leído los escritos de la acusación y la defensa .

«No hay nada más brutal» que el asesinato de dos niños y «que los autores de esos hechos delictivos sean sus padres» , ha lamentado el fiscal, al tiempo que ha explicado al jurado cuál es su papel en este procedimiento y les ha pedido que se olviden de lo escuchado en los medios de comunicación. Está previsto que se interrogue a los procesados, tras un receso para comer.

La función del jurado será declarar culpables o no culpables a la pareja acusada, veredicto que se espera a partir del 8 de junio y tras el que el juez dictará sentencia. No obstante, la madre es inimputable porque sufre una esquizofrenia de tipo paranoide que anula sus facultades y que no fue diagnosticada hasta que se cometió el crimen, según los informes psiquiátricos. Para ella, la Fiscalía solicita 25 años de internamiento médico.

Por tanto, el juicio se centrará, sobre todo, en determinar el grado de implicación del padre, para el que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel –25 por cada asesinato, con la agravante de parentesco– y sobre el que ha quedado acreditado que no sufre ningún tipo de enfermedad mental. Además, el fiscal reclama a los dos una indemnización de 300.000 euros para los abuelos maternos y paternos.

La defensa de María asegura que su representada solo enterró a sus hijos cuando ya estaban muertos en dos fosas diferentes en el jardín de la casa que ocupaban ilegalmente, por lo que solicita su absolución. Misma petición que realiza el abogado de Gabriel, que pone el foco en que su cliente no participó en el asesinato y todo ocurrió en el exterior de la vivienda mientras él dormía.

La acusación pública, sin embargo, considera que ambos actuaron de común acuerdo y «haciendo y dejando hacer el uno al otro» : bañaron a los niños en la piscina de la casa para purificarlos y los golpearon con un objeto contundente o contra el suelo hasta la muerte por las creencias místico-religiosas que Gabriel había inculcado a su pareja.

Creían que una secta les perseguía y la intervención de la abuela materna ante las autoridades, por el temor de que les ocurriera algo a sus nietos, precipitó los acontecimientos. El procesado «metió en la cabeza» de María la idea de que tenían que «liberar» a sus hijos del asedio y los abusos sexuales que creían que padecían, ha señalado el fiscal este lunes en la sala de vistas.

«Gabriel es una persona manipuladora, autoritaria y, literalmente, tenía abducida a María» hasta «apartarla de su entorno». Además, «le metió convicciones en la cabeza durante un par de meses, en u na suerte de retiro espiritual en México y basándose en una doctrina maya», ha señalado el representante del Ministerio Público aludiendo al carácter «camaleónico» del acusado por su formación en artes escénicas.

En ese sentido, ha definido a María como una mujer «fácilmente influenciable» que, pese a que fue condenada por atentado a la autoridad durante el 15-M, «nunca tuvo ninguna reacción violenta hacia sus hijos, cosa que no podemos decir de Gabriel». Hay testigos, según el fiscal, que aseguran que había «faltas de respeto y de agresiones verbales a María» por parte de su pareja.

Los acusados han llegado al edificio que alberga la Audiencia Provincial alrededor de las nueve y media de la mañana trasladados en furgones de la Guardia Civil desde la cárcel de Picassent y han permanecido en los calabozos hasta que se ha formado el tribunal.

En el centro penitenciario han estado en régimen de prisión provisional sin fianza desde que fueron detenidos en marzo de 2019 con pruebas biológicas en el caso de la madre –sangre de su hijo mayor en una chaqueta– e indicios en el del padre –contenido digital y una libreta con anotaciones sobre rituales mayas– de que perpetraron el infanticidio.

El juicio se desarrollará en la sala Tirant lo Blanch –la más grande del complejo, reservada para las macrocausas– a lo largo de siete sesiones, aunque se han reservado dos jornadas más ante una posible continuación. Un proceso judicial en el que intervendrán medio centenar de personas , entre testigos, forenses, peritos y profesionales de la Policía y la Guardia Civil que han participado en la investigación.