La causa por la financiación del PSOE valenciano ya suma 26 imputados

La agencia de comunicación realizó servicios para los socialistas -y también para el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís)- de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas, según la investigación policial y judicial que se ha llevado a cabo durante año y medio en Valencia. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones gobernadas por el PSOE -tres Ministerios y dos Ayuntamientos- con un «posible trato de favor», en opinión de la magistrada, «como pago» de la financiación.

Al encontrarse prescrito el delito electoral, pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la juez de Valencia decidió trocear la causa en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm.

En el caso del departamento de Vivienda, figuran desde ayer nueve imputados más , la mayor parte colaboradores de Beatriz Corredor. Entre ellos, quien fuera subsecretario del ministerio, Marcos Vaquer; el director del gabinete de la ministra, Nicolás Mateos; la responsable de comunicación Eva Cuesta; la subdirectora general Irene Domínguez, en ese momento abogada del Estado; o Pedro Plasencia Fernández, exsubdirector general de la Oficina Presupuestaria en Vivienda.

Todos participaron en el procedimiento . Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos «redactó o firmó» el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y «la declaración de urgencia» del procedimiento. Ambos deberán comparecer el próximo día 21 de mayo.

Las nuevas citaciones llegan después de que ayer se produjeran las primeras declaraciones de tres funcionarios que formaban parte de la Mesa de Contratación. Según fuentes conocedoras de los interrogatorios, admitieron que la oferta de Crespo Gomar era técnicamente la peor , pero presentaba la mejor oferta económica -después de descartar a una empresa que iba por delante-.

Defendieron igualmente la legalidad de la adjudicación y que si existieron errores únicamente fueron de redacción o administrativos. Añadieron, además, que la Mesa se limitó a realizar un informe favorable y una propuesta de contratar a la empresa, pero quien lo firmó fue el órgano de contratación. Ninguno de ellos comentó que conociera a Crespo Gomar o que recibiera órdenes para favorecerla.

La juez entiende que las posibles irregularidades en el procedimiento podrían ser -sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción de la causa- constitutivas de un delito de prevaricación y/o malversación . Un informe de la Intervención General del Estado incluido en el sumario así lo revela. Entre las conclusiones principales destaca que la cronología para la adjudicación del contrato que suscribió el ministerio con la empresa Crespo Gomar resulta «incoherente e imposible». El documento detalla los incumplimientos que se dieron, lo cual, en opinión de la magistrada de Valencia -tal como sostuvo en el auto de inhibición-, hace sospechar que ya estaba otorgado «antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».