El Consell ultima el decreto que regula las competencias de las diputaciones en política social

La iniciativa -cuyo borrador se presentará las próximas semanas puesto que está prácticamente finalizado, según fuentes del departamento de Igualdad- sigue la línea de los aprobados sobre Turismo y Deporte .

Ambos estuvieron rodeados de gran polémica, puesto que llegaron a ser calificados de «decretazos» por considerarse que reducían competencias a las diputaciones. Además, provocaron una guerra política entre administraciones de partidos diferentes (mientras PSPV y Compromís dirigen la Generalitat, las diputaciones de Alicante y Castellón están gobernadas por el PP, las cuales acabaron llevándolo a los tribunales).

El Gobierno valenciano justifica el nuevo decreto con el mismo argumento que los anteriores: la coordinación . Desde el departamento de Oltra explican que la iniciativa incluye una serie de actuaciones con el objetivo de «evitar duplicidades y la dispersión esfuerzos».

Ésta se centrará en cuestiones como la protección de menores, la Tercera Edad o una red de centros para personas con discapacidad, según detallaba este jueves la vicepresidenta del Consell.

El decreto social pretende que las diputaciones se encarguen de esta materia en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes , de modo que los servicios en el resto de municipios serán cubiertos por la Generalitat.

Oltra tendrá que negociar con las corporaciones de Valencia -cuya interlocución resulta más sencilla al estar liderada por el PSPV-, Castellón y Alicante, aunque las relaciones con esta última no son demasiado fluidas. A comienzos de febrero, la consellera se desplazaba a Alicante, pero el presidente de la Diputación, César Sánchez, aplazó de nuevo la reunión en la que, entre otros asuntos, se iba a tratar el decreto.

Éste sería el tercero con el que se regularían competencias de las diputaciones, entidades que tanto Oltra y su partido como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han cuestionado. El jefe del Consell ha comentado en diversas ocasiones su intención de «vaciar de contenido» las corporaciones provinciales, un camino que ya ha emprendido aunque no sea a plazo inmediato puesto éstas sólo se pueden eliminar modificando la Constitución.