Caso Gürtel
Correa, Crespo y «El Bigotes» entran en la cárcel de Picassent por riesgo de fuga
El TSJ valenciano estima la petición de la Fiscalía sobre los cabecillas de la trama Gürtel y ordena prisión provisional sin fianza
La primera sentencia del «caso Gürtel» se ha saldado con el ingreso este martes en la cárcel valenciana de Picassent de los principales responsables de la trama corrupta. Así, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ordenado este martes prisión provisional comunicada sin fianza para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes» , considerados los cabecillas de la red, condenados el pasado viernes por el amaño de los contratos de la Generalitat Valenciana para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.
Los tres podrán pedir posteriormente el centro penitenciario donde cumplir su condena, que en el caso de Pablo Crespo será en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Algunos abogados de los acusados habían acudido a la sede del TSJ valenciano con bolsas de ropa en un gesto que habían atribuido a que no tenían intención de eludir la condena. Finalmente, alrededor de las 14.50 de la tarde un furgón policial ha trasladado a la cárcel a los condenados, donde han llegado poco después.
El Tribunal, tras hora y media de deliberación, ha decidido estimar la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda esta medida cautelar sin esperar a que la sentencia - que les impone penas de 12 y 13 años de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad- sea confirmada por el Supremo, ante el que puede ser recurrida.
En este sentido, el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, ha explicado que planteará un recurso de súplica ante la sala del TSJCV contra el ingreso en prisión, aunque ha dicho que invertirá «el tiempo justo en él, porque el verdadero es el de amparo ante el Constitucional».
A juicio del letrado, «su ingreso en prisión cercena el derecho de defensa» y ha advertido de que en la causa «se manejan millones de documentos» y sin la presencia de su defendido ésta se convierte en «ingobernable».
«El Tribunal solo me deja dos opciones: pedir que todos los documentos obrantes de la causa se conviertan en accesibles para ciegos -como es su caso- o renunciar a la defensa», ha agregado. Esta segunda opción, en su opinión, implicaría la designación de un abogado de oficio y «poner los cimientos para un pronunciamiento de nulidad, bien en el Supremo, en el Constitucional o en Estrasburgo », recordando que Crespo ya cumplió tres años de prisión.
Durán ha expresado que la resolución que ordena la entrada en la cárcel de Crespo es «absolutamente injusta» y se ha mostrado convencido de que «no ha habido un tribunal imparcial» : «La decisión estaba tomada, ha sido una simple teatralización, el único argumento de la Fiscalía era el riesgo de fuga y lo hemos combatido. Crespo ha comparecido siempre. No tiene medios económicos, todo está bloqueado por la justicia».
Con todo, la Sala entiende que existe riesgo de que Correa (condenado a 13 años de cárcel), su número dos, Pablo Crespo (condenado a 13 años y 3 meses de cárcel), y el responsable de la organización en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez (condenado a 12 años y 3 meses de prisión) se fuguen y se sustraigan a la acción de la Justicia si se les permite esperar en libertad el pronunciamiento del Supremo.
De conformidad con el criterio de las acusaciones, los tres magistrados han tenido en consideración la gravedad de la pena impuesta y los otros procedimientos penales en los que están incursos los tres condenados. Además, sostienen que tanto en el caso de Crespo como en el de Correa hacen que este riesgo aumente de forma considerable, «máxime cuando pudieran participar de un complejo entramado de empresas fuera de nuestro territorio nacional del que pudieran resultar intereses que facilitarían su huida».
Sobre el segundo -cuya defensa ha alegado un «cambio de estrategia» en orden a colaborar con la Justicia-, el TSJCV ignora, según consta en el auto, la posición que ha adoptado en otras piezas. «Desde luego en la presente causa no ha demostrado afán de colaboración alguno limitándose sencillamente a negar la totalidad de los hechos que se le imputan», señalan.
En cuanto a Álvaro Perez, la sala sostiene que las «razones de índole personal» no pueden servir, «al margen de demostrar su arraigo familiar», para eludir la medida.
Los tres han comparecido individualmente ante la Sala de lo Civil y Penal en la «vistilla» prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados.
Libertad provisional para el resto
Tras dictar los autos en los que se ha ordenado su ingreso inmediato en prisión, el Tribunal ha reanudado las comparecencias de los otros tres integrantes de la trama condenados: Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños .
El TSJCV ha ordenado para todos ellos libertad provisional sin fianza . Jordán, exadministradora de empresas del grupo Correa, condenada a 6 años de cárcel, deberá comparecer dos veces al mes en el juzgado, se le ha retirado el pasaporte y tiene la prohibición de salir del territorio nacional
Cándido Herrero, exgerente de la empresa de la trama Gürtel Orange Market, condenado a 4 años y 4 meses de cárcel, y Mónica Magariños, exempleada de Orange Market, condenada a tres años de prisión, deberán comparecer una vez al mes, se les ha retirado el pasaporte y tienen la prohibición de salir del territorio nacional.
Este miércoles, el TSJ celebrará las comparecencias para decidir sobre la prisión, la libertad provisional con imposición de fianzas o la adopción de otras medidas la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez , condenada a 9 años de prisión, para quien la Fiscalía Anticorrupción también pedirá el ingreso inmediato en la cárcel, y para el resto de condenados: su exjefe de gabinete, Rafael Betoret y los técnicos de la Conselleria, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau.
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