El arreglo escolar incumple la Lomce al obviar la demanda social

Según consta en la norma estatal, los colegios pueden concertarse simplemente en función de la «demanda social» , es decir, en el caso de que las solicitudes de las familias sean mayores en estos centros que en los públicos. El borrador de la nueva planificación escolar, sin embargo, no tiene en cuenta este punto , al contemplar que no se autorizará el aumento de aulas concertadas en aquellos distritos de escolarización -en las ciudades- o municipios donde existan plazas vacantes en los colegios públicos .

Una cuestión manifestada también en diversas ocasiones por responsables de la Conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà al afirmar que priorizarán llenar las aulas de los centros públicos antes de admitir a los alumnos en los concertados.

Según los datos hechos públicos el pasado curso, la educación pública cuenta con un 20% de plazas vacantes, frente al 2% de la concertada . Contando con que en total se trata de 550.000 las existentes en la primera red, el trasvase equivalente al 20 por ciento sería de 110.000 alumnos de la concertada. Una pérdida que dificultará la viabilidad de los conciertos, «amenazados» igualmente por la supresión del distrito único .

Al hecho de contravenir la ley vigente se suma el problema con la lengua. Si se siguen las pautas del proyecto, las familias no podrán escoger la línea en la que escolarizar a sus hijos por la prioridad de cubrir el cupo en los centros públicos. En la práctica, resultaría indiferente la elección de castellano o valenciano en la concertada (cuando el 90 por ciento de alumnos de la concertada estudia en la primera lengua) mientras queden vacantes en valenciano en la pública. Todo ello, claro, en el caso de que siga en vigor el actual modelo, ya que la intención es caminar hacia uno único de inmersión en valenciano , tal como propone Compromís.

La reacción del PP y de las asociaciones de padres católicos es unánime: acudir a los tribunales si hace falta vía contencioso-administrativo, e iniciar «movilizaciones».

Así lo destaca el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) y portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad -formada por hasta ocho entidades- Vicente Morro, quien asegura que tienen previsto presentar alegaciones al respecto y recurrir la norma cuando esté publicada : «Se trata de un ataque a la capacidad de elección de los padres por cuestiones ideológicas y ahora es la propia Administración la que escoge dónde escolarizar a nuestros hijos . Además, no puede estar la opción lingüística por encima de la libertad de las familias. Lo que quieren es llenar sus centros para implantar un modelo lingüístico».

Será el próximo martes cuanto tiene previsto convocarse el Consejo Escolar para elaborar el informe del proyecto de admisión para elevarlo posteriormente a la Conselleria para su aprobación definitiva. Hoy se reunirá la Mesa de Padres, donde tratarán estas cuestiones.