Alicante prohíbe la mendicidad y la prostitución en sus calles con multas de hasta 3.000 euros

El objetivo de esta ordenanza es «preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva», han resaltado. En especial, se pretende frenar la actividad de grupos organizados que recaudan el dinero de las limosnas o que explotan a mujeres que ofrecen sexo pagado.

El equipo de gobierno municipal del alcalde popular Luis Barcala se propone «dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los Servicios Sociales », con esta «herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia».

La coalición PP-Ciudadanos lleva trabajando en el borrador durante más de un año y se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobado en muchos ayuntamientos con el consenso mayoritario de todos los partidos. En Alicante llega tras las denuncias de los vecinos que se han «desbordado» tras la derogación de la ordenanza previa por parte del anterior ejecutivo local PSPV - Compromís - Guanyar Alacant .

Con la nueva norma, aspiran a resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad coactiva y contra la violencia o intimidación, las actitudes de acoso y las conductas vandálicas, además de cuidar de los espacios públicos, avanza el concejal de Seguridad, José Ramón González , en el comunicado municipal.

Paralelamente, regula el comportamiento pacífico en la vía pública, sanciona las perturbaciones por ruidos y prohíbe realizar todo tipo de grafitis , la práctica de juegos en el espacio público y de competiciones deportivas masivas o el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.

También ajusta la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales , con el fin de evitar actividades de explotación y prohibir el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta, cuando estas prácticas afecten a la convivencia.

En general, la normativa establece unas pautas necesarias para impedir el abuso en el ejercicio de los derechos, bajo el principio de proporcionalidad, y limita al mínimo imprescindible la regulación, estableciendo un régimen de infracciones y sanciones con aplicación de alternativas. Tipifica sanciones leves, graves y muy graves, que oscilan entre 210 y 3.000 euros.

La nueva norma, aprobada inicialmente, queda sometida a consulta pública y participación ciudadana y se llevará al próximo pleno para su debate. Posteriormente será expuesta durante un período de presentación de alegaciones.