La ajustada mayoría de la izquierda apunta a una complicada renovación de los órganos estatutarios

La elección de Cholbi -y su posterior repetición- se produjo por un pacto entre PP y PSPV. Pero ni las sumas actuales ni la búsqueda de un perfil al gusto de todos van a ser tan sencillas. Para escoger a un nuevo Defensor del Pueblo valenciano son necesarios dos tercios de la Cámara (66 diputados). Ni la izquierda llega ni los socialistas con PP y Ciudadanos alcanzan. Eso en el caso de que pudieran negociar un nombre, ya que nadie parece muy por la labor.

El procedimiento para la designación ha de realizarse en un tiempo no superior a tres meses a contar desde el día en que se produzca oficialmente la vacante. Si no se consiguiera la toma de posesión por no haber conformidad entre los partidos para el nombramiento, alternarán el ejercicio del cargo de forma rotatoria y por su orden los adjuntos (comenzando el adjunto primero, por periodos de un año cada uno).

Es decir, que durante los próximos tres meses el socialista Ángel Luna sustituirá en funciones a Cholbi. Pasado este tiempo, y si no existe propuesta de nuevo Síndic de Greuges, se mantendrá Luna al frente durante un año, tras lo cual se nombraría al segundo adjunto (el expopular Carlos Morenilla) por este mismo tiempo. Y así se puede prolongar hasta que exista propuesta .

Todo ello sufriría una modificación con el anteproyecto de ley de regulación de la institución impulsado por la Generalitat, que contemplaba reducir esa mayoría a los tres quintos del Parlamento (60 diputados). En la práctica sigue siendo complicado. De un lado, el texto ha decaído y no puede debatirse en las Cortes si el Consell no llega a un acuerdo de volver a remitirlo sin iniciar el trámite desde cero. De otro, esa mayoría continúa sin sumarla la izquierda.

Lo que ocurre con la Sindicatura de Greuges se replica en otros órganos estatutarios como la de Comptes . El mandato de Vicent Cucarella finalizó el 21 de junio y hubo un intento por su parte de que abordaran su renovación antes de acabar la legislatura, aunque fue frenado por los servicios jurídicos de la Cámara. Para sustituirlo se requieren igualmente dos tercios del Parlamento, de modo que hasta que se produzca la elección seguirá él en funciones . La reforma de la ley que regula el órgano establecía que el nuevo síndic estará por un periodo de seis años -en lugar de los tres actuales-.

La dificultad de la suma para nombramientos también afecta al Consell Audiovisual y al Consejo Rector de la radiotelevisión valenciana . En el caso de este último, han de ser sustituidos en octubre cuatro de sus miembros (Vicente Cutanda, Rafa Xambó, Marc Pallarés y Mar Iglesias). Para ello se requieren dos tercios en primera votación y tres quintos en segunda, de modo que PSPV y Compromís tendrían que pactar los nombres con el PP para que todos salieran adelante (algo que conviene a estos grupos).

En cuanto al Consell Audiovisual -el órgano que debe ejercer la vigilancia sobre las empresas de comunicación valencianas-, la modificación de la ley que lo regula fue llevada a pleno en julio del año pasado. Para ello se necesitaban tres quintos de la Cámara y la previsión fue que se contara con los apoyos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos al completo. Sin embargo, la ausencia de diputados suspendió la votación definitiva para no quedar en evidencia. Ahora ha quedado paralizada y se habrá de retomar. Aun sumando la izquierda y Ciudadanos para la reforma de la norma, la elección de los miembros tampoco parece que será tan fácil.

Pese a que la renovación de todos estos mandatos no afecta propiamente al funcionamiento habitual de los órganos, una situación prolongada de provisionalidad supone que no reflejen el equilibrio político del Parlamento autonómico surgido de la voluntad de los ciudadanos.