El TSJC condena a cuatro ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán por desobediencia

Lluís Corominas (JpC), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (JpC) y Lluís Guinó (ERC) fueron condenados «como autores responsables del delito de desobediencia» y absueltos, junto a Mireia Boya (CUP), del «delito de organización criminal».

Boya, por su parte, fue absuelta, también, de desobediencia ya que el tribunal considera que, por un lado, el Tribunal Constitucional no la advirtió personalmente y, por otro, que desde su posición, líder de un grupo parlamentario, no pudo cometer el delito por el que se la juzgó.

Con este juicio (cuya vista oral se celebró en julio) y a falta de conocer si los condenados recurren la sentencia ante el Tribunal Supremo, se cierra la segunda causa del «procés». La primera y más mediática fue la que se llevó a cabo ante la Sala Segunda del Supremo y que acabó con los líderes del 1-O condenados a penas de prisión de entre 9 y 13 años.

Está previsto que en los próximos días se conozca la decisión de la Audiencia Nacional respecto a la trama policial del «procés» y que implica, entre otros, al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Y tras estos tres juicios quedarán, al menos, otros dos con vínculos políticos: el que se instruyó en el TSJC con Lluís Salvadó y Josep Maria Jové en el banquillo de los acusados (a falta de conocer la fecha de la vista oral) y el que juzga a la conocida como «infantería» del «procés» (altos cargos de la Generalitat durante el pulso al Estado de Derecho que culminó en 2017).

La Sala Civil y Penal del TSJC, compuesta por el presidente del alto tribunal autonómico, Jesús María Barrientos, Jordi Seguí y, en funciones de ponente, Carlos Ramos, no dejó resquicio a la duda en su sentencia de 166 páginas. Para el tribunal, «la conducta inobediente de los acusados miembros de la Mesa del Parlament puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del Constitucional».

Los condenados, añaden los magistrados, llevaron a cabo «actuaciones radicalmente contrarias al sentido de las determinaciones del TC, concretamente, admitiendo a trámite iniciativas con las que se pretendía a las claras desarrollar la declaración programática incluida en la Resolución 1/XI, culminando con las que dieron lugar a dos leyes que tenían como finalidad regular la desconexión con el Estado español, mediante la convocatoria de un referéndum ilegal, y el advenimiento de un nuevo Estado en forma de república, y las que dieron curso a declaraciones públicas que pretendían oficializar dicho estado de cosas ante la ciudadanía catalana».

La inhabilitación a los cuatro condenados incluye cualquier tipo de cargo público a todos los niveles. Solo Guinó deberá dejar sus funciones (alcalde de Besalú y diputado autonómico). La sentencia fue calificada de «una barbaridad» y «ataque» a la libertad de expresión por parte de JpC y ERC.