El Parlament da luz verde a tramitar la ley de la hacienda propia catalana

El pleno del Parlament ha debatido la proposición de ley de Junts pel Sí y la CUP del Código Tributario y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero , relativos a la Administración Tributaria de la Generalitat de Cataluña, a la que Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PPC han presentado una enmienda a la totalidad.

Sin embargo, las enmiendas de la oposición han sido rechazadas ante la mayoría absoluta de Junts pel Sí y la CUP , por lo que la proposición de ley de los dos grupos independentistas prosigue ahora su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión antes de volver al pleno para su debate final.

El texto de la proposición de ley establece la estructura y las funciones de la administración tributaria de la Generalitat con la creación de la Agencia Tributaria, de la junta de tributos, el consejo fiscal y el instituto de investigación fiscal y de estudio tributario.

Durante su intervención en el pleno de la cámara, la diputada de Junts pel Sí Maria Senserrich ha destacado que se trata de una ley «trascendental» para poner los «fundamentos» de una estructura de Estado «fundamental» como es la de hacienda y la administración tributaria con la voluntad , además, de que sea «más eficiente, moderna, transparente, con vocación de servicio y que reduzca el fraude fiscal».

En la misma línea se ha pronunciado en declaraciones a los medios el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, al afirmar que con esta ley se ha fijado la «estructura de la arquitectura institucional» de la hacienda catalana, lo que es « absolutamente compatible» , en su opinión, con el marco legal vigente ya que «estamos capacitados para mejorar nuestra agencia tributaria».

Unas opiniones que no comparten los grupos de la oposición y, así, el diputado de Ciudadanos Antoni Espinosa ha advertido a los dos grupos independentistas de que esta ley es «otra provocación al Estado y un engaño a los ciudadanos» , ya que previsiblemente acabará impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Según Espinosa, esta norma lo que pretende es «suplantar» la agencia tributaria estatal por una «estructura de Estado» dentro de la hoja de ruta secesionista.

Por su parte, la diputada del PSC Alicia Romero ha considerado que Junts pel Sí y la CUP han sido «poco valientes y atrevidos» por temor al Constitucional, lo que les ha llevado a presentar en el pleno un texto «confuso» que va más en la línea del «postureo». La diputada socialista, además, ha criticado que con esta ley se abre la puerta a la privatización y se ha reducido el control democrático al haber una mayor dependencia del Govern.

Desde las filas de Catalunya Sí Que Es Pot, el diputado Albano Dante Fachin ha apreciado un «problema muy grave» con la creación del consejo fiscal, que ha calificado además de «trampa»: «Podrán hablar de ley de desconexión con el Estado , pero el consejo fiscal no es más que una hacienda al servicio de las grandes corporaciones que no quieren pagar impuestos».

Por su parte, el diputado del PPC Enric Millo ha señalado que esta ley desarrolla parte de la resolución del 9N suspendida por el Constitucional, por lo que se trata de «un paso más en la escalada de despropósitos» que impulsan los partidos independentistas y que tiene la «clara intención de dinamitar el marco de convivencia». El diputado popular ha añadido que «lejos de corregir, ustedes insisten en el error del camino equivocado».

En cuanto a las otras dos leyes de desconexión que preparan JxSí y la CUP, la de agencia de protección social catalana ya fue admitida a trámite el pasado mes de julio, mientras que la de transitoriedad jurídica aún se trabaja en ponencia y no ha sido presentada.