Mas asegura que nadie les advirtió de las consecuencias de desoír al TC

Mas ha venido a señalar que la convocatoria de la consulta surgió de una «demanda política, no un capricho individual o una ocurrencia de última hora, sino la consecuencia de un mandato político surgido de elecciones democráticas que nadie impugnó. El 9-N tenía unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas«.

Mas, que se ha negado a responder a las pregunas de al Fiscalía y de la acusación particular, ha añadido que «tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la consulta, se decidió cambiar la idea de esa consulta por una ya no directamente organizada por la administración, con su concurso, pero no directamente por ella«. «Decidimos mantener la pregunta, la fecha, pero todo el sistema de garantías y de organización se cambió de forma sustancial. La idea era la misma, conocer la opinión de los ciudadanos. Eso es legal y tenemos competencias para ello , y las ejercimos», ha añadido.

En una de las cuestiones clave para la defensa, la defensa de Mas ha hecho especial énfasis en el mecanismo exacto por el que el encausado fue notificado de las distintas providencias del Tribunal Constitucional suspendiendo la consulta. Al respecto, y pese a que las resoluciones del TC eran públicas, ampliamente difundidas también por los medios de comunicación, Mas ha declarado que «no fuimos formalmente comunicados o requeridos».

Del mismo modo, y en la misma línea argumental, Mas se ha preguntado el por qué «si es tan evidente que la votación era un delito, por qué el TC no hizo nada el día 9 para impedir esa votación«. Del mismo modo, Mas ha recordado que el fiscal de guardia, ante las denuncias presentadas ese mismo día en contra de la votación, «tampoco hizo nada».

En esta línea, Mas ha añadido que «el presidente del Gobierno el día 8 dijo que lo que pasaría al día siguiente no era referéndum, ni consulta ni nada que se le pareciese, y que no tendría ningún efecto».

Mas ha añadido que el 9-N «no se trataba de una consulta para tener vinculaciones legales, solo para conocer la opinión de la gente«, tras lamentar los infructuosos intentos del Govern de llegar a un «acuerdo» con el presidente del Gobierno para preguntar a los catalanes sobre su futuro.

Tras Mas ha declarado la exvicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, que ha alegado que los «más de 40.000 voluntarios« fueron el «alma« de la consulta soberanista» y fueron ellos los que lo «hicieron posible«, y no la Generalitat, que lo había dejado «en sus manos« desde días antes.

Como Mas, Ortega ha recalcado que en esos días no recibió ningún requerimiento directo del TC y ha advertido de que el Govern no tenía claro «cuál era el alcance ni los efectos» de la providencia del Constitucional.

La exconsejera Irene Rigau (Educación) ha sido la última en comparecer, abundando en la línea de defensa de los otros dos encausados. Al respecto, ha señalado que desconocían hasta qué punto la providencia del TC era de obligado cumplimiento, apuntamdo que en otras ocasiones el Gobierno de España también ha incumplido sentencias del tribunal sin que pasase nada.

Rigau ha señalado que no dio por escrito la orden a los institutos de abrir sus puertas para la votación porque es habitual dar órdenes oralmente. Del mismo modo, ha acusado a la directora del centro de L'Hospitalet que se negó a abrir el instituto de actuar por motivos políticos.

Las cuestiones previas han demorado el inicio de la declaración, básicamente por la introducción de testimonios y varias pruebas documentales hasta hoy no incorporados a la causa. En este trámite, las defensas de los encausados han reiterado su disconformidad por el hecho de que la sala rechazase la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Particularmente, la defensa del expresidente Maha afirmado que que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.

Tanto Mas como las exconsejeras Joana Ortega e Irene Riga afrontan una petición de la Fiscalía de entre nueve y diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por dos delitos de prevaricación y desobediencia grave tras desoír la orden del Tribunal Constituciones de no llevar a cabo la consulta del 9-N de 2014.

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han llegado con media hora de retraso al Palacio de Justicia, después de haber integrado una multitudinaria comitiva desde el Palau de la Generalitat hasta el paso de Lluís Companys, donde miles de personas les han arropado antes de entrar en la sede del TSJC. Antes, el presidente Carles Puigdemont leyó una declaración institucional llamando a defender la «dignidad« del pueblo catalán.

La vista se reanuda mañana con la comparecencia de hasta quince testigos, a petición de todas las partes. El juicio, que se prolongará hasta el viernes, tendrá pasado mañana su sesión de contenido más político, con las comparecencias, principalmente a petición de las defensas, del exconsejero de Gobernación, Francesc Homs , la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, o Carles Viver, exvicepresidente del Tribunal Constitucional , y ahora con el encargo de construir la arquitectura jurídica de una hipotética república catalana.