La Justicia andorrana admite la querella contra Rajoy por la caída de BPA y su vinculación con la 'Operación Cataluña'

Según ha informado este lunes Drets, una de las dos asociaciones que denunciaron a Rajoy por la operación empresarial que se encuadraría en lo que se conoce como Operación Cataluña, la juez instructora especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia ya ha remitido a las autoridades españolas las correspondientes comisiones rogatorias internacionales para notificar a los querellados.

Además de Rajoy, también están en el punto de mira los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz , el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por su parte, además de Drets, una entidad independentista catalana, también se personó la asociación Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y a título personal Higini Cierco Noguer, presidente de la malograda BPA.

La investigación arrancó en 2016 después de que Cierco declarara ante la juez, en el caso BPA , que tanto él como su CEO, Joan Pau Miquel, fueron presionados y extorsionados en Madrid por el inspector de la Policía española en la Embajada de Andorra Celestino Barroso y por el comisario Marcelino Martín Blas con el objetivo de conseguir información bancaria de Artur Mas, Jordi Pujol, su familia y Oriol Junqueras en el país pirenaico.

Las presiones se centraron en que si Higini Cierco y su CEO no colaboraban con la Policía española se cerraría BPA y su filial Banco Madrid . Una situación que acabó dándose en marzo de 2015. Tras esto se presentó una querella contra los dos agentes y, después, se amplió a sus superiores Eugenio Pino, el máximo uniformado de la Policía en tiempos del PP y su lugarteniente Bonifacio Díez Sevillano. Estas querellas fueron admitidas pero el inspector Barroso no llegó a declarar ya que obtuvo la protección diplomática.

Ahora, tras una nueva ampliación de la querella, la Justicia andorrana quiere que Rajoy, dos exministros suyos y dos altos cargos de su Gobierno declaren. Al expresidente y los exministros se les señala en la querella por un delito de falsedad de documentos por el envío de información supuestamente falsa al Fincen americano ( Finances Crime Enforcement Network ) para que este emitiera una 'notice' en contra de BPA señalando que este banco llevaba a cabo blanqueo de capitales. Ese fue el desencadenante de su caída.

A Rajoy y Montoro, además, les atribuyen un delito contra los órganos constitucionales de Andorra por, según Drets y Cierco, haber intimidado al jefe del Gobierno de Andorra y varios ministros con los que se reunieron en enero de 2015 para que estos investigasen y liquidaran BPA. Fernández Díaz, Cosidó y Martínez están investigados por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, en tanto que superiores de los inspectores que llevaron a cabo las supuestas presiones.