Los indignados con el ‘procés’ alzan su voz contra el perdón

Entre estos ‘indignados’ con el independentismo hay desde profesores hasta empresarios, pasando por jóvenes e incluso agentes de los Mossos d’Esquadra. Todos ellos dicen haber sufrido en primera persona o de forma colectiva los efectos colaterales del independentismo. Por ello, claman ahora contra una medida de perdón que ven inoportuna aunque cuente con el respaldo de una parte considerable de la sociedad catalana .

«Los indultos no responden a la intención real de restablecer la convivencia en Cataluña, son más bien un pago de la hipoteca que Pedro Sánchez tiene con los partidos independentistas y nacionalistas que respaldan su Gobierno en el Congreso desde la investidura», expone Yeray Mellado , presidente de la entidad de juvenil constitucionalista «S’ha Acabat!» que nació en 2018 para protestar contra la politización de las universidades públicas catalanas. Según expone, perdonar a los responsables del 1-O animaría al independentismo a seguir con su plan para separar a Cataluña del resto de España.

«Tienen que asumir las consecuencias de sus actos y decisiones», advierte el joven tras reclamar una respuesta «constitucionalista» en las calles en el caso de que los indultos salgan adelante. «Nos jugamos mucho, los indultos harán que el independentismo se vea más fuerte para seguir con su plan», insiste.

El profesor Francisco Oya , muy significado desde hace tiempo en la lucha contra el «adoctrinamiento» en las aulas catalanas, coincide con Yeray y resalta que perdonar a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, los «Jordis» y los consejeros del 1-O sería una decisión «desastrosa» si no hay un arrepentimiento explícito. «Los indultos dañan la dignidad del Estado», apunta. «Están presos porque han hecho algo malo, si salen tan rápido a la calle se da el mensaje a la sociedad de que no delinquieron y de que el Estado ni vigila ni controla lo que ocurre en Cataluña», lamenta el profesor.

Según Oya, el caso de los indultos a los independentistas difiere mucho de los indultos que el Gobierno de Felipe González otorgó a algunos de los responsables del golpe del 23-F. «Alfonso Armada (condenado a 26 años por un delito de rebelión) fue indultado por motivos de salud tras cinco peticiones y después de acatar la Constitución. Ahora, se habla de indultos pasado mucho menos tiempo, sin que nadie haya pedido perdón ni se haya arrepentido», asevera el docente. Para él, el independentismo también ha tenido un fuerte impacto en la educación que sigue vigente a día de hoy. «Si el Estado no controla y se implica, luego será más difícil de revertir», resume.

El proceso soberanista también ha dejado huella personal en Inma Alcolea , excabo de los Mossos d’Esquadra en Gerona que ha litigado en los tribunales para denunciar la politización del cuerpo. «Me parece que los indultos desmontan totalmente el sistema judicial español para pedir perdón a los líderes independentistas. Es prácticamente rascarles la espalda y darles confianza para volver a vulnerar la Ley otra vez», señala esta expolicía que lidera la Unión de Mossos por la Constitución . «En mi opinión, hubo colaboracionismo entre el cuerpo de los Mossos y el referéndum de 2017, además, se abandonó a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que vinieron a Cataluña en ese momento», concluye.

Eva Trias , gerente de un camping de Gerona que acogió a guardias civiles durante octubre 2017, también se muestra pesimista respecto a la idoneidad de los indultos. «Nosotros acogimos a los agentes en 2017 cuando los echaron de los hoteles a los que fueron inicialmente. A partir de allí empezó nuestro calvario, mucha gente no entendió su actuación en el 1-O. Nos hacían escraches en el camping y a mi marido lo intentaron nombrar persona ‘non grata’ en su pueblo, L’Escala. A raíz de esto la gente nos dejó de saludar o no nos daban mesa en los restaurantes y tuvimos pintadas, amenazas...», relata esta empresaria ahora ligada al PP. Aunque reconoce que la tensión ha ido a la baja en zonas como Gerona, donde el soberanismo es casi hegemónico, no cree que los indultos sean la solución definitiva.

«Lo veo mal, no es lo que toca ni mucho menos. Han hecho una serie de cosas que está claro que no son legales, y sabiendo las consecuencias, siguieron. Quieren los indultos pero dicen y repiten que lo volverán a hacer, con todo lo que hemos vivido en Cataluña es lo que menos nos hace falta». Como el resto de estos indignados con el procés , reconoce que esta medida de perdón cuenta con el respaldo de parte de la sociedad catalana, especialmente la más alineada con las tesis independentistas, no obstante, Trias denuncia que se está tratando el tema con finalidades «partidistas».

«La Justicia ha hecho su trabajo y el tema no puede pasar a manos políticas, cuando lo único que quiere el Gobierno es asegurarse el apoyo de ERC unos años más», critica. «Los catalanes que no estábamos de acuerdo con el ‘procés’ nos hemos sentido amparados y protegidos por los jueces estos últimos años, pero que vuelvan a salir y sean perdonados nos hace sentir desprotegidos de nuevo, como si volviera a empezar todo otra vez. Lo que necesitamos tanto en Cataluña como en España no es esto».

Sociedad Civil Catalana , otra entidad también contraria a los indultos, puso en marcha en otoño de 2019 la Plataforma de Afectados por el Procés, una iniciativa pensada para agrupar y dar voz a muchos de estos catalanes que se han visto afectados a nivel personal o empresarial por los hechos vividos en la comunidad desde otoño de 2017, uno de los momentos más tensos del proceso independentista.

«Los abusos del nacionalismo también son memoria histórica. No queremos ajuste de cuentas con nadie pero no queremos estar nunca más silenciados ni solos», expuso entonces el presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa . Este mecanismo, ahora inactivo, tenía al frente a la actual diputada de Ciudadanos en el Parlament Anna Grau y a Dolores Agenjo, quien en los días previos al 1-O se negó a entregar al Govern las llaves del instituto que dirigía para que se pudiera celebrar allí el referéndum independentista prohibido por el Supremo.