El 'pistolero de Tarragona' no podrá pasar sus últimas horas en libertad

Del mismo modo, y atendiendo su estado de salud, la juez explica que su traslado a otro centro «no alteraría en demasía» su situación. La juez admite que «atendida la grave situación médica» puede prácticamente asegurarse que el «riesgo de reiteración delictiva o riesgo de atentar contra la integridad de las víctimas, así como el riesgo de alterar fuentes de prueba, se han visto mitigados enormemente». Sin embargo, afirma la juez, en un hospital convencional la participación de un tercero o familiar podría facilitarle la huida. La juez recuerda igualmente que en el módulo penitenciario ya puede recibir visitas de familiares.

La desestimación de la demanda de Sabau es el último episodio judicial antes de que mañana se le practique la eutanasia, tal y como él había solicitado atendiendo su irreversible lesión medular, y en contra del criterio de las víctimas, que rechazaban su petición con objeto de que el exvigilante de seguridad fuese finalmente juzgado por tentativa de homicidio. El TC confirmó su petición de eutanasia hace dos semanas.

El vigilante de seguridad, de origen rumano y 46 años, está acusado de tentativa de homicidio, tras disparar contra tres excompañeros de trabajo y herir a dos agentes de los Mossos d'Esquadra durante su huida en diciembre del pasado año. Tras el ataque en la sede de Securitas en Tarragona donde trabajaba, Sabau se atrincheró en una masía donde, pertrechado con varias armas y un chaleco antibalas, desoyó los avisos de los negociadores para entregarse. Fue entonces cuando el grupo de élite de la Policía catalana lo neutralizó . Por los disparos, el tirador sufre una tetraplejia irreversible, también le amputaron una pierna y es totalmente dependiente.

La defensa de los agentes heridos, del sindicato Uspac, recurrió la autorización de eutanasia, alegando una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pero el Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona desestimó paralizar el proceso. Ante dicha negativa, el abogado José Antonio Bitos presentó otro recurso ante la Audiencia Provincial, que ratificó dicha decisión al considerar que un solicitante de eutanasia, investigado en una causa penal, «no precisa de autorización judicial» para morir. El TC ratificó la decisión.