Vídeo: A la caza del piso ilegal en Barcelona - ATLAS

Airbnb y Homeaway plantan cara a Colau por su plan contra los pisos turísticos ilegales

Ambas plataformas digitales de alojamientos recurrirán la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de multarlas si siguen ofertando viviendas sin licencia

BARCELONAActualizado:

Un día después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara que aumentará las multas contra los portales de alojamientos turísticos que no cooperen contra los pisos ilegales, dos de los portales más importantes del sector, Airbnb y Homeaway, han anunciado que plantarán cara a las medidas impulsadas por Ada Colau.

El consistorio ya sancionó, de hecho, hace unos meses a Airbnb y Homeaway con 60.000 cada una por incluir en sus buscadores a inmuebles sin licencias y por no facilitar los datos de estos pisos irregulares. Ayer, durante el balance del primer mes del plan de inspecciones contra los pisos irregulares se ratificó que se incrementarán hasta los 600.000 euros las multas contra los portales que, a pesar de ser avisados, sigan publicando anuncios de pisos sin licencia.

Tras esta amenaza, la plataforma Airbnb ha avisado hoy que piensa apelar contra la medida recién anunciada y que también tiene previsto recurrir contra la multa de 30.000 euros que el consistorio barcelonés le impuso. "Nos entristece esta decisión y vamos a apelar", porque, defienden sus portavoces a Efe, Airbnb es "parte de la solución en Barcelona".

Desde la plataforma recuerdan que con su servicio "ayudan a deslocalizar los visitantes y los beneficios más allá de las zonas turísticas habituales, consiguiendo que lleguen a más comunidades y comercios". El problema es que, a juicio de Airbnb, las leyes actuales son confusas para todos y dañan a las familias de clase media en beneficio de los operadores comerciales.

Por su lado, el portal HomeAway también ha anunciado que va a presentar en los próximos días un recurso contencioso administrativo contra las sanciones anunciadas de hasta 600.000 euros. Un portavoz de la web cree que la actuación del Ayuntamiento es contraria a la legislación comunitaria, ya que les responsabiliza por infracciones cometidas por terceros.