Argumentan que, con sus órdenes, la Fiscalía pretende que los cuerpos de seguridad «limiten» derechos fundamentales como el de expresión, de libertad ideológica y de participación política, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución.
Además, creen que interpreta « extensiva e injustificadamente » la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC), que pedía a los poderes públicos evitar actuaciones que permitan la preparación o celebración del referéndum.
La Fiscalía pide a los funcionarios policiales, a adoptar medias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepara el referéndum « requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales , impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos» y otros elementos de difusión del 1-O.
La CUP sostiene que el TC no hace referencia a la suspensión de la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones políticas a «expresar su opinión sobre la conveniencia o no de la convocatoria del referéndum ».
«En cualquier caso, es una resolución dirigida a los poderes públicos por unos actos administrativos concretos y, por lo tanto, no llega al conjunto de la ciudadanía de forma genérica», han subrayado.
Por eso, piden a las policías locales que «interprete directamente el texto de la providencia del TC en el sentido de mantener la vigencia de los derechos fundamentales » permitiendo a la ciudadanía su ejercicio. también en lo que hace referencia al 1-O.
La CUP pide a las policías locales desoír las ordenes de Fiscalía
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