La Justicia obliga a la Generalitat a vacunar a policías y guardias civiles

El TSJC acepta en este sentido la medida cautelar demandada por el sindicato y asociación de ambos cuerpos Jupol y Jucil de modo que el Departamento de Salud « sin excusa alguna garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación , contra el Covid.19, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña».

« En un plazo máximo de diez días la vacunación del colectivo aludido deberá haber alcanzado la misma proporción que en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra», añade el tribunal. Según recoge el auto a partir de datos aportados por Salud, a 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de las Policía Locales y de la Guardia Urbana de Barcelona frente al 3,6% y 2,8% respectivamente, de los efectivos del CNP y de la GC. A 22 de abril de 2021 -y siguiendo el mismo orden de Cuerpos- esos porcentajes pasaron a ser los siguientes: 80,3; 71,2; 79,1; 9,9; y 6,3.

"No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo, puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población", sostiene el TSJC.

Durante dos meses y medio, la Generalitat dilató el proceso de vacunación a los alrededor de 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que ejercen en suelo catalán. Finalmente, cuando ya se había dispuesto el procedimiento, el reciente cambio en los criteros de vacunación -de colectivos prioritarios a un criterio de edad- dejo a estos efectivos sin su vacuna.

Ante los problemas puestos por la Generalitat, desde el Ministerio del Interior se ordenó a los servicios sanitarios de Policía y Guardia Civil de preparar un plan de vacunación con sus propios medios, una previsión que ahora deberá adaptarse a lo ordenado por el TSJC.

Como respuesta, la consejera de Educación, Alba Vergés, lamentó que «una vez más los tribunales interfieren en la estrategia de gestión de la pandemia». En este sentido, y obviando los dos meses y medio en los que la estrategia dilatoria de la Generalitat impidió la vacunación de los agentes, Vergés ha asegurado que «en ningún mmento dijimos que no les vacunaríamos».

Al respecto, y en lo que fue también la excusa de la administración cuando el problema se puso sobre la mesa, Vergés ha asegurado que ahora el criterio de vacunación es el de la edad, y no el de los colectivos esenciales. « Todos los colectivos esenciales tienen parado el proceso de vacunación. No nos parece bien hacer excepciones ahora», ha explicado.

También reaccionó al auto del TSJC el expresidente fugado Carles Puigdemont, que en un tuti señaló que «quienes agredieron ciudadanos al grito de '¡a por ellos!' continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el día 1 de octubre de 2017».

De inmediato tras ser notificado el auto, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha remitido una carta a la consejera Vergés en la que reitera que vuelve "a poner a disposición del departamento de Salud la colaboración necesaria" para dar cumplimiento al requerimiento del juez, de modo que la vacunación de policías y guardias civiles se lleve a cabo "lo más pronto posible", según ha podido saber ABC. La misma predisposición que, desde el primer momento, brindó la delegación cuando arrancó en febrero el proceso de vacunación", señalan fuentes gubernamentales.as