La Justicia concluye que la Generalitat discriminó a policías nacionales y guardias civiles en la vacunación

«Efectivamente, la administración demandada (el Govern) incurrió en inactividad respecto de su obligación de asistencia sanitaria a los cuerpos de la G uardia Civil y la Policía Nacional en su labor de suministro de las vacunas frente al Covid-19. Esa inactividad dio lugar a una diferencia de trato injustificada y discriminatoria respecto de esos cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales, a los que se les suministraron las vacunas de manera más rápida y eficiente», concluye el TSJC en un fallo de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo al que ha tenido acceso ABC.

La sentencia estima así el recurso que presentaron conjuntamente Jupol, Jucil y la Asociación de la Guardia Civil contra la consejería catalana de Salud. Las citadas organizaciones denunciaron en abril que en el plan de vacunación se apartó a los efectivos de los cuerpos policiales estatales destinados en Cataluña, que suman a día de hoy 6.600 agentes . De hecho, explicaron que únicamente se inocularon vacunas a aquellos policías en activo o en reserva de entre 60 y 65 años.

La polémica de las vacunas saltó el pasado mes de febrero, cuando el Departamento de Salud explicó su plan para vacunar las fuerzas de seguridad y emergencias y no mencionó ni a los agentes del CNP ni a los de la Guardia Civil. Sí se especificó entonces que se vacunaría a todos los miembros de los Mossos d’Esquadra y a los de las policías locales, así como a los trabajadores de Protección Civil y a los profesionales de los servicios penitenciarios y de asistencia domiciliaria. Este hecho provocó una enorme indignación en entre los policías y los agentes del Instituto Armado, que consideraron injustificable una discriminación que la Generalitat negó en todo momento.

Según el Govern, la vacunación de ambos cuerpos se retrasó por «acontecimientos ajenos» a la administración autonómica, como la dificultad para recibir los datos de los agentes o la suspensión de la vacunación con AstraZeneca. A finales de abril, el TSJC dio diez días a Cataluña para que igualara las dosis inoculadas en todos los cuerpos.

Al valorar los argumentos de las partes, el TSJC constata que el documento de la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 preveía desde el primer momento una posición prioritaria en el orden de vacunación para policías y los servicios de emergencias. No obstante, el tribunal destaca que dicho plan no se marcó «diferenciación alguna» entre los distintos cuerpos en función de si eran estatales o autonómicos.

Asimismo, la justicia toma en cuenta las cifras de vacunación a Mossos en comparación a Policía y Guardia Civil y concluye que, junto al retraso en la vacunación, se aprecia una «falta total de iniciativa en la administración autonómica respecto de la atención a los cuerpos nacionales». Por todo ello, los jueces llegan a la conclusión de que la administración autonómica no dispuso de la misma «voluntad y empeño» en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos, es decir, los Mossos, los bomberos y las policías locales.

En el fallo conocido hoy, el TSJC también pone negro sobre blanco la cronología de la vacunación policial en Cataluña. Así, los jueces apuntan que, aunque se empezó a vacunar a los Mossos y los policías locales el 10 de febrero, las vacunas para los agentes del CNP y la Guardia Civil no llegaron gasta el 12 de marzo, casi un mes después. El TSJC también certifica que la Generalitat no se preocupó por la creación de censos y la organización de las inoculaciones.