El Govern ordena a los colegios que no acaten el 25% de español y que lo retiren donde lo estén aplicando

Lejos de remitir «las instrucciones» y «las garantías de control» que ordenó el TSJC para dar cumplimiento a la sentencia de diciembre de 2020 y que ratificó el Tribunal Supremo en 2021, Gonzàlez-Cambray, que firma el documento enviado este martes a las escuelas, se ha limitado a recordar las iniciativas políticas como la ley de lenguas oficiales, que está en trámite parlamentario, y el decreto-ley aprobado ayer por el Govern (que debe ser convalidado en 30 días o decae), así como la legislación vigente, cuya intrepretación por los tribunales establece que el español debe ser vehicular, junto al catalán, algo que no cita el consejero en su escrito.

Así, para validar los proyectos lingüísticos por la Consejería, como figura en el decreto-ley y ha indicado el consejero en su carta, Gonzàlez-Cambray ha enviado siete preguntas a los centros (a responder con un 'sí ' o un 'no'), cuyas respuestas deben ser todas afirmativas para que el Govern dé por buenos los proyectos lingüísticos, ya que considera que el nuevo marco normativo evita e impide el 25% de español y catalán en el sistema educativo. Estas instrucciones son, según ha dicho el consejero, las que la Consejería ha remitido, también, al TSJC, para alegar que no cumplirá el fallo de ejecución forzosa del 25%.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal ordinaria del Govern, Gonzàlez-Cambray, que ha comparecido ante la prensa, se ha mostrado seguro de que con el nuevo decreto-ley ya no hace falta aplicar el bilingüismo en las aulas de Cataluña. Y ha enviado un mensaje a los magistrados del tribunal autonómico: «El TSJC, lo que tiene que hacer, es velar para que todo el mundo cumpla la nueva normativa». Y ha confesado que «las nuevas normativas nos han de servir para no aplicar ningún porcentaje (lingüístico)».

En relación a los colegios y los institutos que ahora aplican el 25% de español por una orden judicial, que Gonzàlez-Cambray ha cuantificado en 47 centros, tendrán que cambiar esa instrucción de los tribunales y dejar de aplicar el bilingüismo en sus aulas. «Tomaremos las medidas que hagan falta en las sentencias que tenemos», ha señalado, para insistir en que hay un nuevo marco normativo y que, por lo tanto, esos centros no deberán de aplicar las resoluciones judiciales.

En relación a la encuesta enviada a los centros educativos, la pregunta clave que pone de manifiesto la voluntad de incumplimiento es la séptima pregunta. «¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?». Si los directores de los centros responden 'sí' (como al resto de cuestiones), la Consejería dará por bueno el proyecto lingüístico para el curso 2022/2023, mientras que si responden 'no', es decir, que los colegios y los institutos utilizan porcenatjes, tal y com han ordenado los tribunales, que dejan el margen de entre el 25 y el 75% a la Generalitat, se les negará el visto bueno del departamento a los proyectos lingüísticos y deberán adaptarlo en seis meses.

Entre las preguntas del cuestionario que hacen referencia a los planes de lengua vigentes en cada centro también figuran otras como: «¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?», «¿Prevé que el catalán sea la lengua de acogida para los alumnos provenientes de la inmigración?», «¿Prevé que el castellano y el catalán tengan un uso curricular y educativo como lengua curricular?» o «¿El proyecto lingüístico tiene en cuenta los resultados de pruebas tanto internas como externas?».

Si las respuestas a todas estas preguntas son afirmativas, el Govern catalán entiende que el centro cumple con el nuevo marco establecido . Por lo tanto, no hará falta realizar ninguna modificación en los proyectos lingüísticos y se seguirá con lo estipulado. De lo contrario, (si algún centro responde con alguna negativa), la Consejería de Educación pondrá a disposición de los centros un mecanismo de asesoría para adecuar los proyectos. La Consejería ha remitido hoy la encuesta a los 4.500 centros públicos y cocnertados de toda Cataluña y les comunicará que será el departamento el máximo responsable de aprobar estos proyectos y de interactuar con la Justicia.  

Las escuelas y los institutos tienen un mes de plazo para contestar la encuesta, según han precisado fuentes del departamento. En sus instrucciones a los centros, la Generalitat precisa también que la Inspección de Educación autonómica «realizará un seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de cada centro , sea en el marco de sus visitas ordinarias o en plan de impulso para la lengua o dentro de un plan de actuación específico».

El nuevo reto de la Generalitat a la Justicia ha provocado ya las primeras reacciones por parte de las entidades en defensa del bilingüismo y los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha liderado una de las plataformas creadas para forzar a la Generalitat a que acate el fallo del 25%, ha replicado en un tuit al consejero y a sus instrucciones. La AEB ha denunciado en las redes la «nueva desobediencia del Govern a los tribunales» , que califica de «clara y expresa». «Estamos ante un conflicto institucional gravísimo. La AEB continuará defendiendo el Estado de Derecho», apunta en un tuit y reclama « la intervención del gobierno de España » para que se cumpla lo que dicta la Justicia.