La Diputación dinamita el consenso sobre las veguerías

Según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Diputación de Barcelona y aprobado la semana pasada, la creación de las veguerías es «inoportuna» porque «puede consolidar una tendencia al incrementalismo y al aumento del gasto público» cuando todavía no se ha resuelto la financiación local.

El texto, avanzado ayer por «El País», critica que el proyecto dirigido por Ausàs creará una administración supramunicipal «de difícil dirección política y gestión pública» y recuerda que la sustitución de las provincias por diputaciones es inconstitucional si no se reforma primero la Ley orgánica de organización territorial española. De otro modo, la Generalitat se estará limitando a crear un nuevo nivel administrativo.

El texto avala las críticas de los dirigentes locales del PSC, que siempre han visto con suspicacia el proyecto de reorganización territorial, al que también se opone con similares argumentos el PP catalán. Y contradice la supuesta aquiescencia socialista sobre el proyecto, a no ser que los «capitanes» del PSC hayan actuado en esta cuestión de espaldas al presidente de la Generlitat y primer secretario del partido, José Montilla.

Por ello, es más que probable que el texto centre hoy la reunión que Montilla debe mantener en el Palau de la Generalitat con representantes de las dos entidades municipalistas catalanas, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) -de ámbito socialista y presidida por Manuel Bustos, uno de los dirigentes que más abiertamente se ha opuesto al proyecto de veguerias- y la Associació Catalana de Municipis (ACM) -en la órbita de CiU-. Un encuentro previsto inicialmente para expresar el apoyo del municipalismo catalán al Estatut, pero que difícilmente podrá esquivar la controversia sobre la nueva organización territorial, que a juicio de muchos responsables locales debería supeditarse a la resolución de la financiación local y la aprobación de la Ley de gobiernos locales catalana.

Sólo el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se refirió abiertamente al proyecto, para asegurar su compromiso con la ley de creación de veguerias avalada por el Govern. Por contra, tanto la Conselleria de Gobernación como la dirección de ERC se abstuvieron de comentar el estudio y se limitaron a apuntar que confían en que se mantenga el calendario previsto de aprobación del texto.

Un deseo que confirmaría las sospechas de CiU, cuyo diputado Lluís Corominas, acusó al tripartito de «traspasar los problemas al Parlament» pese a no haber alcanzado los consensos necesarios entre los tres partidos que dan apoyo al Govern.

Corominas reclamó «consenso» al tripartito y lamentó su disparidad de criterios. «PSC y ERC se comunican por los diarios», se lamentó, una situación que a su juicio está perjudicando el debate. El diputado consideró que las veguerias deberían plantearse en un debate más amplio, en el que también se aborde la distribución de competencias entre las distintas administraciones y su financiación.

Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, instó al Govern a retirar el anteproyecto de ley ante la «improvisación» del ejecutivo catalán en este terreno. «El tripartito está otra vez dividido respecto a la definición territorial de las vegueries y no existe consenso social para su aprobación», lamentó Sánchez-Camacho, convencida de que las veguerías, tal como se han planteado, «sólo serán un aumento innecesario de gasto público».