Defensores del bilingüismo niegan ante el TSJC que haya «imposibilidad legal» para acatar el fallo del 25%

En el escrito, la AEB responde a la solicitud de la Generalitat de que se declare la imposibilidad legal de cumplimiento de la mencionada sentencia a raíz de la aprobación del Decreto ley 6/2022 . La Generalitat considera que, al suprimirse los porcentajes en la elaboración de los proyectos lingüísticos, no resulta posible ejecutar la sentencia porque ésta obliga que al menos un 25 por ciento de la docencia se imparta en cada una de las lenguas oficiales.

La entidad fundamenta su oposición en que «el Decreto ley 6/2022 no modifica el régimen de conjunción lingüística actualmente vigente que consiste en que las dos lenguas oficiales deben ser vehiculares en la enseñanza». Asimismo, la entidad añade que el citado decreto « no ha alterado la interpretación que han hecho los Tribunales de las normas que regulan régimen lingüístico en el sistema educativo catalán: Constitución Española, Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley Orgánica de Educación, Ley de Educación de Cataluña y Ley de Política Lingüística ».

En segundo lugar, la AEB recuerda que «debe tenerse en cuenta que, según la Ley de la Jurisdicción Contenicoso-Administrativa, la inejecución de las sentencias es excepcional y en caso de imposibilidad legal sobrevenida, el Tribunal debe adoptar las medidas que permitan dotar de la máxima eficacia posible a la sentencia ». «El TSJC ha declarado que se debe asegurar el resultado de la sentencia y para ello basta que el departamento informe al Tribunal de la relación de asignaturas, materias o áreas que se van a dar en los centros educativos en las dos lenguas oficiales en la programación general anual y que haga cumplir las programaciones ajustadas al modelo constitucional», subraya en su escrito ante el Tribunal.

En caso de que el Tribunal entendiera que antes de pronunciarse sobre la inejecución de la sentencia, es pertinente la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad respecto al citado decreto, la AEB advierte de que «el Decreto ley es contrario a la Constitución en tanto que no responde a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, entra a regular materias propias de Ley Orgánica (derecho a la educación) y, además, se ha promulgado con la intención de eludir el cumplimiento de una decisión judicial firme, vulnerando de esta forma la doctrina constitucional al respecto».

A juicio de la AEB, «en tanto el Tribunal no declare la imposibilidad legal, la sentencia ha de cumplirse y el planteamiento, en su caso, de la cuestión de inconstitucionalidad no suspendería el proceso de ejecución forzosa, por lo que siguen vigentes las resoluciones judiciales que obligan a garantizar a todos los alumnos el derecho a ser escolarizados en ambas lenguas oficiales con carácter vehicular en todo el sistema educativo catalán».

Por último, la Asamblea por una Escuela Bilingüe plantea que en caso de que el TSJC entendiera que existe imposibilidad legal de cumplimiento de la Sentencia por la aprobación del Decreto Ley, «los alumnos que no han visto garantizados sus derechos lingüísticos por la actuación del Gobierno catalán tendrán que ser resarcidos mediante la pertinente indemnización ». Esa indemnización, según la Asamblea, «debería calcularse sobre la base de todas las clases no recibidas en castellano desde que la Sentencia era obligatoria para la Generalitat; esto es, desde el 25 de enero de 2022». En este sentido, advierte que «el coste para las arcas públicas puede alcanzar cientos de miles de euros si se tiene en cuenta el número de alumnos que forman parte del sistema educativo catalán».

La AEB afirma que continuará trabajando para conseguir la plena eficacia de la sentencia de 2020 y denunciando la actitud obstruccionista del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y en especial del departamento de Educación. Por ello, según recuerda, ha solicitado al Tribunal que adopte las medidas punitivas ( multas pecuniarias al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray ) y las medidas imprescindibles para garantizar que en el próximo curso los alumnos catalanes tengan garantizados sus derechos lingüísticos.

A esos efectos, según ha avanzado la entidad, en los próximos días procederá a impugnar por fraudulentas las instrucciones remitidas por Gonzàlez-Cambray a los centros educativos el 31 de may o, así como las normas de gestión y organización dirigidas por el departamento a las direcciones de los centros educativos para el curso 2022-2023.

La AEB da un nuevo toque de atención al Gobierno y critica su pasividad ante el incumplimiento de la sentencia por parte del Govern. «Nos vemos en la obligación de recordar que le corresponde al Gobierno de España asegurar los derechos lingüísticos de los alumnos a estudiar en las dos lenguas oficiales y, por ello, lamentamos tener que denunciar su pasividad, cuando no complicidad, ante el incumplimiento obstinado de la Generalitat de la sentencia» .