Manifestación de repulsa contra el atentado frente a Hipercor
Manifestación de repulsa contra el atentado frente a Hipercor - EFE

La cicatriz abierta de Hipercor

Una exposición conmemora el trigésimo aniversario del brutal atentado y coloca en el centro del relato a las víctimas

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Los relojes se pararon en seco cuando pasaban ocho minutos de las cuatro de la tarde del 19 de junio de 1987 y vuelven a hacerlo ahora en una fatídica cuenta atrás encuadrada en un gran tela negra. Sólo números y una fecha para congelar el tiempo y recordar el momento exacto en el que un Ford Sierra rojo cargado con 200 kilos de amonal gasolina, escamas de jabón y pegamento explotaba en la primera planta del parking del Hipercor de Barcelona. ETA, que ese mismo año ya había firmado otros cuatro atentados en Cataluña y se había cobrado dos vidas –la del Guardia Civil Antonio González Herrera y la del mecánico Juan Fructuoso Gómez–, perpetraba así su peor matanza. En total, 21 muertos y 46 heridos en uno de los episodios más oscuros de la negra historia de la banda terrorista.

Una cicatriz abierta que, tres décadas después, reaparece en forma de exposición en la Fabra i Coats de Sant Andreu,a poco más de un kilómetro de los grandes almacenes, para sumarse a los actos de evocación y conmemoración del trigésimo aniversario del atentado que el Ayuntamiento de Barcelona impulsó en junio en 2017. Un añadido al acto que se organizó el pasado 17 de junio ante el monumento a las víctimas del terrorismo en Barcelona con el que se busca «reclamar una mayor relación entre la administración y los afectados por los atentado». «Es un acto de justicia y reparación y un deber que teníamos como ciudad con las víctimas», subrayó ayer el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Gerardo Pisarello.

Aspecto exterior de la exposición
Aspecto exterior de la exposición - ABC

Así, la muestra, comisariada por el periodista y escritor Francesc Valls, se reivindica como un espacio de «conocimiento, debate y reflexión» y busca colocar a las víctimas en el centro del relato. De hecho, más allá de la pantalla que reproduce los nombres de todos los fallecidos y heridos y de una instalación memorial formada por con sesenta y siete cables rematados por puntos luminosos, parte de la muestra se nutre de los testimonios personales de siete víctimas y familiares y de la odisea judicial y administrativa a la que tuvieron que enfrentarse tras el atentado.

Víctimas por partida doble

Es, por ejemplo, el caso de Jordi Morales, a quien la masacre dejó huérfano con apenas siete años pero cuyo nombre no aparecía en la sentencia judicial. ¿La razón? Sus padres no estaban casados, por lo que hasta muchos años después no se le reconoció la condición de víctima. O el de Jéssica López, que nació sorda a causa del atentado -su madre, una trabajadora de Hipercor, estaba embarazada de tres meses y medio- pero a la que no incluyó como víctima hasta 2003.

Damnificados por partida doble que se encargan de echar el cierre a una exposición diseñada con un elegante y sobrio sistema de cortinajes negros y repasa el durante y el después del atentado a partir de fotografías, documentos audiovisuales y recortes de prensa. «Se ha huido de la truculencia», destaca Valls sobre una selección gráfica que esquiva el material más escabroso para centrarse en el trabajo de los bomberos, las manifestaciones de repulsa que se organizaron en Sant Andreu y Barcelona o los funerales en Santa Coloma en los que se despidió a Rafael Morales y María Teresa Danza, padres de Jordi Morales.

Una portada de los días posteriores muestra cómo los barceloneses escribían en la Rambla sus mensajes de duelo, imagen que reapareció tristemente el pasado mes de agosto, después del atentado yihadista, mientras que un panel reproduce las reacciones políticas, con las firmas del Acuerdo de Madrid Sobre Terrorismo el 5 de noviembre de 1987 y el pacto de Ajuria Enea el 12 de enero de 1988. Mención especial merece el apartado dedicado a las sentencias judiciales, en el que se hace especial hincapié tanto en la composición de la bomba como en la actuación de la policía, a la que la Audiencia Nacional afeaba no haber desalojado el edificio pese a haber recibido tres avisos de bomba.