Los antisistema ponen en la diana a un policía por infiltrarse y recurrir al sexo para lograr información

Con el respaldo legal de CGT e Irídia, las cinco mujeres argumentan que el consentimiento en este caso «se puede considerar viciado», en tanto que nunca hubiesen mantenido relaciones sexuales con el funcionario de haber sabido que era policía.

Por ello, en la querella sostienen que la conducta del agente «no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de las activistas y su autonomía sexual».

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Desarrollan también que «la imposición de interacciones sexuales, sea por engaño o prevalencia, no solo afectan a la integridad física sino que tiene un severo impacto en la integridad moral y en la identidad de las mujeres».Además, el sindicato y la entidad sostienen que la infiltración de agentes «solo tiene justificación legal cuando se proyecta a la investigación de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Este caso quedaría fuera de este supuesto, ya que el objetivo era monitorizar movimientos sociales, y/o desestructurarlos , lo que supone una grave vulneración de derechos civiles».

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También acusan al funcionario de un posible delito de torturas, y subsidiariamente, contra la integridad moral, al considerar que, en el uso de su cargo, la actitud del agente provocó sufrimientos físicos o mentales a las cinco mujeres, con el objetivo de obtener información. En la misma línea, apuntan a una posible revelación de secretos, en cuanto el infiltrado obtuvo datos sobre la afiliación sindical, religión, sexualidad y creencias de las querellantes.

Por último, la queja apunta al impedimento de ejercicio de derechos cívicos, por vulnerar el de asociación y reunión. Cabe recordar que la ley contempla que «las actuaciones de investigación puedan afectar a derechos fundamentales», y para ellos los agentes encubiertos deben tener autorización judicial. Por este motivo, la querella se dirige también contra el superior jerárquico del funcionario, para que «garantice el rendimiento de cuentas» y contra el Ministerio del Interior, como responsable civil subsidiario.

El caso lo destapó el lunes el semanario 'La Directa', que recoge como el funcionario se integró en círculos de activistas del barrio de Sant de Andreu de Barcelona y habría mantenido relaciones con, al menos, ocho de sus integrantes. Fue en julio de 2020, según el digital, cuando el funcionario se presentó primero en La Cinétika, un espacio ocupado y gestionado por activistas y, poco a poco, comenzó a integrarse en su círculo, hasta participar en movilizaciones para tratar de impedir desahucios, o incluso en algunos de los cortes de la Meridiana.

Preguntadas al respecto, fuentes policiales explicaron a este diario que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan para recabar información de todas aquellas organizaciones que puedan subvertir, no solo el orden constitucional, sino también el orden público. Reiteraron así que los grupos de información se infiltran, no solo en círculos afines al movimiento independentista en Cataluña, sino en grupos anarquistas, de extrema derecha, o cualquier otro entorno. «El Estado debe tener capacidad de reacción», concluyeron.

Con fines de investigación, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez puede autorizar el uso de una identidad falsa a funcionarios de la Policía Judicial. La duración es de seis meses prorrogables. Así, los agentes quedan legitimados para actuar de forma encubierta en lo relativo a la investigación. La información obtenida deberá trasladarse a aquel que haya autorizado las pesquisas.

Pese a ello, Irídia y la CGT critican que dichas actuaciones «están envueltas de una total opacidad, que dificulta su fiscalización pública». Sostienen además que la «ambigüedad» del marco legal «expone a la ciudadanía y a todo el tejido asociativo a ser víctimas potenciales de actuaciones de espionaje estatal arbitrarias o abusivas».

El pasado agosto, Òmnium Cultural presentó una demanda contra Interior ante la Audiencia Nacional por la infiltración de otro agente en las juventudes independentistas. Entre otras organizaciones, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc), y también en el Jovent Republicà, juventudes de ERC.

En un informe de cinco páginas, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska respondió al requerimiento de la entidad subrayando que veía «legítima» y «oportuna» la infiltración del agente, que enmarcó en la prevención de «extremismos identitarios excluyentes que pueden derivar en violencia».