Aragonès propone a Sánchez una ley que permita celebrar un referéndum independentista

La esperada propuesta, que quiere servir en primer lugar para unir a un Govern dividido entre los consejeros de ERC, por un lado, y los de Junts, que consideran que el ejecutivo no da pasos hacia la secesión, por otro, pretende también incluir al PSC, los comunes y Cs, en palabras de Aragonès, para defender la iniciativa ante el Gobierno y el Congreso. Un referéndum donde «todo el mundo se sienta llamado a votar, los que somos independentistas y los que no lo son», ha dicho, y que el resultado «se pueda implementar» y sea reconocido internacionalmente.

«Quiero proponer un acuerdo de claridad en el Estado. Un acuerdo que identifique cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir. Como han hecho Canadá y Québec. Como podemos llegar a un acuerdo sobre cómo volver a votar. Como supieron hacer, y estoy convencido que lo volverán a hacer, el Reino Unido y Escocia», ha defendido ante los diputados del Parlamento de Cataluña. En opinión del presidente autonómico, «el conflicto político con el Estado» solo «se resolverá cuando la ciudadanía pueda decidir democráticamente y en libertad».

En esta línea, Aragonès ha insistido, en su parte final del discurso dedicado en exclusiva a defender un referéndum acordado, que no tiene ninguna duda de que esta «es la vía más rápida y más eficiente para volver a votar», tras la consulta del 9 de noviembre de 2014 (9-N) y el referéndum del 1 de octubre de 2017 (1-O), ambas iniciativas declaradas ilegales por la Justicia. «Porque parte del aprendizaje del otoño de 2017 y supera las dificultades que no nos permitieron ser independientes ahora hace cinco años. Es la vía para implicar a todo el mundo en el referéndum», ha añadido, en un claro mensaje enviado a sus socios de gobierno.

Así, el presidente de la Generalitat se ha mostrado convencido de que un acuerdo de claridad «es la vía para hacer un referéndum definitivo que permita traducir la decisión de la ciudadanía en consecuencias políticas» y, por lo tanto, el Govern impulsará «los mecanismos para facilitar la elaboración de la propuesta catalana de acuerdo de claridad contando con todo el mundo, recogiendo las aportaciones de los diferentes ámbitos de la sociedad» y recogiendo «las opiniones y los puntos de vista de todo el mosaico de actores que configuran la sociedad catalana».

Aunque Aragonès no ha detallado la forma en la que la Generalitat llevará la propuesta del referéndum al Gobierno o al Congreso, una de las opciones es que la iniciativa salga del Parlamento autonómico y se dirija al Congreso. Entonces, algunos diputados autonómicos podrían defender la nueva norma en la Cámara Baja, al estilo de lo que ocurrió en abril de 2014, cuando Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA) defendieron en el Congreso una consulta secesionista bajo el paraguas del sintagma 'derecho a decidir'. Entonces, el Congreso dijo no y Artur Mas, presidente de la Generalitat, puso en marcha el 9-N.

«Ha llegado el momento de volverlo a hacer. De hacer de nuevo una propuesta de país. Ha llegado la hora de superar la situación de bloqueo con una propuesta constructiva. En positivo, que busca construir consensos, que no va en contra de nadie, que quiere recoger las aportaciones de todas las partes de tal manera que todo el mundo se sienta incluido. Y que, indudablemente, suma complicidades a todos los niveles», ha añadido, para concluir indicando que, en su opinión, esta iniciativa «es la propuesta más inclusiva, más democrática y más explicable a la comunidad internacional».

Además del enfoque nacionalista y un breve resumen de la tarea realizada por cada consejería, Aragonès -cuya intervención ha durado menos de dos horas y será respondido por la tarde por los grupos parlamentarios- ha avanzado que su gobierno destinará alrededor de 300 millones de euros en medidas contra «el encarecimiento de la vida», que afectarán, sobre todo, al ámbito energético y a la economía directa de las familias y los jóvenes. Algunas de estas medidas se incluirán en los presupuestos de 2023, que la Consejería de Economía ya está preparando.

Entre estas iniciativas, definidas por el presidente autonómico como «escudo social», el Govern catalán quiere destinar 100 millones de euros en ayudas de 100 euros (deducible en el IRPF) por cada alumno escolarizado entre P-3 y 4º de la ESO; 8,8 millones de euros aumentando un 50 por ciento el bono social térmico para las familias más vulnerables; 29 millones de euros en ayudas al alquiler para las personas hasta los 36 años de edad y cuya ayuda podrá ser de hasta 250 euros al mes; 30 millones de euros subiendo la edad hasta los 30 años para las personas que pueda acceder a la T-Joven para el transporte público; y otros 130 millones de euros destinados a mejorar la producción de energía renovable.