Absueltos Pablo Hasél y otros diez acusados de desórdenes en Lérida tras la detención de Puigdemont

En su fallo, fechado el 1 de febrero, los magistrados sostienen que los acusados no han podido conocer «de manera plena y adecuada» los hechos sobre los que se asienta la acusación dirigida contra ellos. Indican así que el escrito de la Fiscalía no identifica a quiénes habrían agredido a los cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra que resultaron lesionados. Tampoco a los responsables de los daños en la fachada del edificio del Ejecutivo.

Apuntan así los jueces que la imputación del delito de desórdenes sí se puede aplicar a una «participación general», pero que el resto de ilícitos requieren «un mínimo relato descriptivo de la forma, el modo, el momento y, sobre todo, el autor», para que los procesados sepan de que se les acusa.

La sentencia rechaza estimar la petición de las defensas en cuanto a vulneración de derecho de derechos de los procesos, y argumenta que la captación de imágenes en un espacio público -las cámaras de seguridad de la subdelegación- era conocida por ellos, y es que la protesta se produjo ante un organismo oficial «sujeto a protección».

Durante la vista oral, que se celebró en noviembre de 2022, uno de los mossos identificó a varios de los acusados, entre ellos Hasél. Los vídeos también muestran como el rapero se encontraba en la zona, al igual que los otros diez acusados. La protesta, de unas 3.000 personas, conllevó que los agentes que habían desplegado un cordón ante la subdelegación del Gobierno, «se viesen rodeados en la puerta del edificio sin poder contener a la masa».

La Sala concluye así que la manifestación no puede tildarse de pacífica o respetuosa con el orden público, pero que no ha quedado acreditado que entre los once acusados existiese una «actuación plural, conjunta y consciente de esa alteración de la paz pública». Del total de procesados, los Mossos han podido identificar a tres que por «espacio» estuvieron juntos, pero no durante todo la protesta.

«No consta vincula o relación fáctica de coordinación o cooperación o de acción conjunta con el resto de acusados», concluyen los jueces. Sobre otro de los acusados, Sergi Vladimir Q. D. , el fallo apunta que estuvo subido a una de las ventanas de la subdelegación, «sin que se le relacione con el resto» de procesados.

Respecto a Ferrán R. G. y Marc A. G., la Audiencia apunta que «no se ha objetivado ninguna actuación concreta distinta» a la del resto de la masa que se concentró para protestar contra el arresto de Puigdemont. Sobre Hasél, el fallo indica que estuvo en la «quinta o sexta fila» de la concentración, pero que no mostró «la imputada labor de excitación a la masa».

Aunque Arnau A. R. si agredió a un mosso -le propinó una patada en el casco- , «lo que permitiría su imputación por un delito de atentado», como no se describió así en el escrito de acusación, el tribunal no puede condenarlo por algo de lo que no ha sido acusado.

En el caso de David M. P. y Gerard R. F., «no han sido identificados en los vídeos, ni por la Sala», reza la sentencia. «A ninguno de los acusados en concreto se ha atribuido el lanzamiento de objetos a los agentes de la autoridad». Así, los magistrados subrayan que «de la prueba practicada no se evidencia conexión alguna» entre ellos, «ni actos de incitación violenta contra los agentes al resto de manifestantes».

«No es suficiente, a efectos pretensorios de condena, que quede probada su participación en una movilización en el transcurso de la cual se produzcan daños o lesiones, cuando no consta debidamente acreditada» su intervención en «hechos concretos». Así, los jueces señalan que para condenar por un delito de desórdenes públicos, la actuación de los acusados ha de suponer, bien, una participación directa, o indicar el conocimiento de que se realizarían actos vandálicos por parte de terceros.

Es más, aunque tres de los acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que que asumieron los hechos, la Audiencia también los absuelve. Contra el fallo cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).