El Seprona desmantela un criadero clandestino de perros 'yorkshire' en Burgos

Además del criador, ha sido identificado y denunciado un veterinario que, en connivencia con él, prescribía medicación sin receta mediante albaranes.

Hace unas semanas, el Seprona de la Comandancia de Burgos recibía información anónima relacionada con la presunta venta de perros por un particular no profesional a través de redes sociales. El hombre, a su vez, regentaba un posible criadero de mascotas de raza 'yorkshire' carente de las debidas autorizaciones.

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Tras contrastar la comunicación y recabar detalles sobre la ubicación del supuesto criadero, practicaron una inspección a las instalaciones en presencia del titular. El inmueble estaba dividido en dos estancias, una dedicada a la cría y habitabilidad de los canes y otra para almacenaje de material y medicación.

En la primera sala, acondicionada a su vez en nueve cheniles y en donde se hallaron también cuatro transportines, habitaban un total de 77 ejemplares, de los cuales 49 eran adultos y 28 cachorros menores de tres meses de edad. Todos ellos carecían de las debidas dimensiones de habitabilidad exigibles para su bienestar y esparcimiento.

La lectura de microchips destapó que 28 de ellos no lo tenían implantado y que otros 20 tampoco habían sido vacunados ni desparasitados con las dosis obligatorias, negligencia que puede repercutir en enfermedades para los humanos y acarrear graves consecuencias para los cánidos, incluso su muerte.

La segunda estancia estaba reservada para el almacenaje de medicamentos. La abundante medicación hallada, alguna ya caducada, carecía de receta, había sido 'prescrita' por un veterinario mediante la confección de albaranes, que no justificaban su posesión y administración.

El propietario tampoco poseía la documentación necesaria para legalizar el criadero, ni licencia ambiental e inscripción en el registro de núcleos zoológicos de Castilla y León. Los animales que criaba eran puestos a la venta a través de redes sociales, a un precio que oscilaba entre los 200 y los 1.500 euros.

Las irregularidades observadas son la ausencia de documentación, tenencia de medicación caducada y expedición sin receta y han sido puestas en conocimiento del ayuntamiento del municipio y de la Junta de Castilla y León en Burgos.