El PP ve «un poco absurdo» el «debate» sobre Garoña impulsado por Vox

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I. J.

La Junta de Castilla y León adopta la «decisión estratégica» de pedir un estudio de viabilidad nuclear

Bastante menos claro fue el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien, tras el Consejo de Gobierno de ayer, tuvo que hacer frente a más de una docena de preguntas de los periodistas para detallar la postura del Ejecutivo autonómico sobre la hipotética reactivación de Garoña y el estudio de viabilidad sobre la planta. A este respecto, Carriedo aseguró que «en este asunto tenemos una visión muy similar y, al mismo tiempo, muy diferente de la del Gobierno de España». Aunque no llegó a explicar las razones por las que se impulsa el estudio -cuyas condiciones de licitación y presupuesto aún deberán analizar los técnicos- insistió en su argumentario de que la Junta «siempre consideró precipitado el cierre de Garoña», en que es necesario que en España se utilicen todos los medios disponibles para la producción de energía, en la necesidad de ampliar la vida útil de las nucleares en funcionamiento, y en que le corresponde a la Administración autonómica tramitar las iniciativas que lleguen y, para ello, «tiene que primer la tecnología sobre la ideología». A partir de ahí, el portavoz no se salió del guión sobre la base de que «los proyectos los tienen que presentar y justificar los promotores». «No se trata de lo que yo piense porque son ellos los que tienen que decidir», insistió ante la propuesta realizada por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de que Garoña vuelva a engancharse a la red a partir de 2030 mediante la implantación de dos nuevos redactores. Sí reconoció, no obstante, que el Gobierno autonómico no ha mantenido contacto alguno con Nuclenor.

Mientras, la oposición parlamentaria coincidió en rechazar el estudio sobre Garoña y la posibilidad de su reapertura. Así, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, consideró que «es un desfalco usar dinero de todos los castellano y leoneses para algo que no es competencia de la Junta», a la que acusó de «mentir», ya que «es imposible» abrir la central, «que, por cierto, cerró el Partido Popular y que firmó un ministro del señor Rajoy», informa Ical.

Por su parte, los procuradores del Grupo Mixto de las Cortes Francisco Igea (Ciudadanos) y Pablo Fernández (Unidas Podemos) avisaron de que acudirán a los tribunales si ven indicios de malversación de recursos públicos en la licitación de ese estudio, que la socialista Patricia Gómez calificó de «ocurrencia y extravagancia» de García-Gallardo. El portavoz de Vox en el Parlamento, Carlos Menéndez, les advirtió de que si van a los tribunales, «lo argumenten bien», al tiempo que mantuvo que Nuclenor vería «rentable» la reapertura de Garoña con un reactor de nueva generación y un cambio en la legislación.