Investigan a 40 personas en la provincia de Valladolid por instalar casas móviles y prefabricadas en suelo rústico

La referida operación, iniciada en junio de 2023 en todo el territorio nacional, tiene como finalidad el descubrimiento de todo tipo de instalaciones en suelos clasificados como «rústico común», destinados a residir en ellos, bien de forma temporal o permanente.

Para ello, es necesario disponer de las preceptivas autorizaciones, las cuales se conceden para otros usos, como son el agrícola y ganadero, según informaron fuentes del Instituto Armado.

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V.L

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Por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se orientaron los servicios de investigación para localizar viviendas «camufladas» en este tipo de suelos rústicos, concluyendo la operación en la imputación de 40 personas por la instalación de diferentes tipos de infraestructuras que podrían considerarse como residencias permanentes.

El 'modus operandi' consiste en la instalación en parcelas agrícolas de cualquier tipo de vivienda móvil, prefabricada o contenedor con la finalidad de permanencia, atentando esencialmente contra la naturaleza del suelo donde se instalan, vulnerando la normativa urbanística, al ser precisas las mismas autorizaciones que para la edificación de cualquier tipo de vivienda.

Los suelos donde se cometieron los hechos, y conforme a los informes técnicos de los ayuntamientos correspondientes, son de «clase rústico, uso principal agrario, cultivo / aprovechamiento C - labor o labradío secano».

Por ello, el ámbito profesional de los propietarios debería ser la agricultura, no dándose tal circunstancia. Las parcelas y subparcelas investigadas tampoco dispondrían de la superficie mínima del cultivo para poder contar con la autorización que permitiría la instalación o construcción casetas de aperos, cuya finalidad, en ningún caso sería la de residencia.

En la casi totalidad de los casos, ninguna de las estructuras instaladas en las parcelas se dedica exclusivamente a cuarto de aperos, apreciándose, sin embargo, que junto a estas infraestructuras se encuentran elementos de tipo lúdico (barbacoas, piscinas, merenderos, pérgolas, etc.).

También concluye la investigación que en la venta de las propiedades se incrementó el precio exponencialmente en comparación con el valor de una parcela de estas características, rústica y dedicada a la agricultura.

La operación ha finalizado con la imputación de 40 personas como autoras de un delito contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, por realizar obras de construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable, hecho recogido en el artículo 319 del Código Penal.

Dicho delito se encuentra castigado con penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, entre otras, pudiendo los jueces o tribunales, motivadamente, ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada.