Cultura abre el primer expediente para proteger un monumento franquista

Con dicha iniciativa, que provocó una bronca considerable en el Parlamento, los socialistas respondían a la petición que hace más de un mes registraron parlamentarios de Vox para que la Consejería incluya en el catálogo de bienes 190 elementos franquistas, la mayoría soportes epigráficos, entre los que se encontraba la citada 'Pirámide de los italianos'. Se trata de una construcción funeraria inaugurada por Francisco Franco para albergar a los italianos caídos en la batalla de Santander, cuerpos que fueron exhumados por el Gobierno italiano en 1975 y repatriados a su país.

Sin embargo, según explicó Santonja, la actuación de la Consejería parte de la petición de un doctor en historia que llega «cargada de argumentos» avalados por tres artículos publicados por el Instituto Sautuola de Cantabria, la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi y por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Incluso, mostró un documento que recoge cómo en una exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), que aún se puede contemplar, se incluye un estudio de Saúl Alonso y Andrés Carretero, con una maqueta de las obras de hormigón más representativas, entre ellas la 'Pirámide de los italianos'. Con ello se demuestra, según el consejero, que «no es un edificio más, sino que atesora virtudes artísticas, históricas y paisajísticas, ya que es el único de la arquitectura del periodo de entreguerras». Por eso, concluyó, «nadie tiene argumentos para pensar que las decisiones de esta Consejería no están motivadas ni argumentadas». Es más, cree que «no tiene que haber colisión con la Ley de Memoria Democrática» que «puede que no me gustara, que no me gusta, pero la vamos a respetar».

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Lo cierto es que el anuncio de Gonzalo Santonja llega después de que el Gobierno de España haya trasladado este mismo mes al senador de Compromís Carles Mulet que acepta su recurrente petición de eliminar la 'Pirámide de los italianos', si bien para ello deberá incluirla previamente en el catálogo de elementos contrarios a la Memoria Democrática. En esta decisión también deberá participar la Junta de Castilla y León, aunque el mausoleo, al tener ya incoado un expediente de protección ya sería, en principio, intocable.

Para que el expediente llegue a término, se deberá pronunciar el propio ayuntamiento de Valle de Valdebezana, donde está situado el monumento que se quiere proteger. Después es necesario el informe favorable de dos entidades, como pueden ser las universidades, para, a continuación abrirse un periodo de alegaciones y concluir con la aprobación del Consejo de Gobierno. De momento, el alcalde del municipios burgales, Juan Carlos Díaz, dijo ayer que es «adecuado» mantenerlo por lo que «supone» este monumento para el municipio y «dando a conocer lo que no debe ocurrir en un país». informa Ical.

De esta forma, la Junta arranca así con la protección del primer vestigio de la Guerra Civil, una iniciativa que parte de la Consejería de Cultura con la que se podría frenar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ya ha accedido a los deseos de Compromís, y eso que, en una respuesta anterior al mismo senador, aseguró que la 'Pirámide de los italianos' ya no tenía el objetivo propagandístico para el que fue construida. A este respecto, el propio Santonja fue anoche contundente: «Los señores de Compromís pueden pedir lo que quieran, somos gente seria y abordamos los temas con seriedad y con tiempo. Temer, no tememos nada, porque nos vamos a mover dentro de las leyes y del imperio de la razón. Es una cosa estrafalaria pedir la destrucción de un edificio».

Así las cosas, el consejero sorprendió con el anuncio al finalizar un pleno en el que impedir la protección de los elementos franquistas estaba en una de las iniciativas parlamentarias, precisamente la que provocó el debate más bronco. Es más, encendió al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que, puño en alto, clamó –después de que se le acabasen los adjetivos peyorativos– que «hace falta ser franquista redomado para pretender la puta basura, la redomada mierda de declarar Bien de Interés Cultural símbolos franquistas. No lo vamos a consentir. No lo vamos a permitir, porque los demócratas en este país somos más que los fascistas». El presidente de las Cortes, Carlos Pollán le llamó al orden por sus palabras.

La PNL fue defendida por el socialista José Ignacio Martín Benito, quien lamentó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «se preste al mantenimiento de la memoria totalitaria en lugar de la democrática». Recordó, además, que «la ley no habla de destrozar sino de retirar y crear un depósito con un registro de los vestigios», para concluir con un aviso a Vox: «Respetamos su opinión aunque esté en las antípodas pero lucharemos contra sus artimañas».

Francisco Igea (CS) tiró de emotividad para recordar cómo siendo vicepresidente de la Junta asistió a la extracción de cadáveres de un pozo, entre ellos, un hijo abrazado a su padre, lo que le llevó a denunciar que «ustedes vienen a exacerbar nuestras peores pesadillas y a buscar el enfrentamiento». «Esta comunidad tenía este debate cerrado hasta que llegaron a convertir estas Cortes en un auténtico estercolero», terminó.

También el parlamentario de UPL-Soria Ya, Luis Mariano Santos, lamentó en lo que «han degenerado los debates de esta Cámara», al tiempo que mostró lo difícil que le resultaba «venir aquí a defender cuestiones nostálgicas de una dictadura». «Puedo entenderlo desde el punto de vista ideológico, pero no que el PP sea equidistante». Hay debates que ya estaban cerrados y en este había unanimidad», añadió.

Hasta aquí los votos a favor de la iniciativa socialista. En la otra parte, la de los contrarios, el viceportavoz de Vox, David Hierro, recordó a Pablo Fernández y a Francisco Igea que «este debate quedó cerrado en 1974 cuando nuestros padres se dieron un abrazo, pero fue Zapatero el que decidió abrir estas heridas». Hierro se esforzó en defender el valor documental de elementos históricos como las placas porque «son documentos epigráficos que aportan datos. Nombres y apellidos de personas que viven en pueblos de Castilla y León y que murieron en una guerra fratricida, de la que su partido fue parte», le espetó al PSOE. «No hay nada más antidemocrático y totalitario que la eliminación de los testimonios del pasado con el fin de instaurar una memoria con sesgo ideológico», concluyó Hierro.

El punto de serenidad lo intentó introducir la procuradora del PP, María José Ortega, quien se remitió una y otra vez al cumplimiento «escrupuloso» de la Ley de Patrimonio de Castilla y León y obvió cualquier referencia a la protección de elementos de la Guerra Civil. Es más, se preguntó si «es necesario enarbolar esta bandera».