Las ayudas al alquiler se podrán solicitar a partir del 1 de diciembre

Las ayudas se podrán solicitar a partir del 1 de diciembre y el plazo se prolongará durante todo el mes. El hecho de que se recoja ya en el Bocyl responde a dar más plazo a los interesados para recabar la documentación necesaria. De esta manera dispondrán de mes y medio antes de que puedan tramitar su solicitud.

Las ayudas ordinarias al alquiler están en una lista única, a diferencia de lo que ocurría hace años cuando existían varios listados en función de los sobrantes disponibles para contar con el dinero suficiente para su abono. De esta manera se busca llegar a todas las personas con mermas de recursos económicos y con necesidades, además de ofrecer seguridad jurídica al mercado del alquiler.

Las seis convocatorias anteriores llegaron a todas las personas que solicitaron las ayudas si cumplían y justificaban los requisitos. En concreto, la del año pasado contó con un presupuesto de 28 millones de euros.

Los beneficiarios de estas ayudas son personas físicas mayores de edad con un contrato de alquiler o cesión de uso de vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente, y con ingresos (en cómputo anual) entre 0,5 y 3 veces el Iprem (3.954,30 euros - 23.725,80 euros). Si se trata de familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo se aplica hasta 4 veces IPREM (31.634,40 euros). Si se trata de familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad a partir del 33 por ciento se aplica hasta cinco veces Iprem (39.543 euros).

Por primera vez se incluye la posibilidad de subvencionar hasta el 75 por ciento de la renta o precio mensual de alquiler para aquellas personas que se encuentren en supuestos de vulnerabilidad sobrevenida por haber visto reducidos, dentro de los dos años anteriores a la solicitud, los ingresos netos del conjunto de la unidad de convivencia de forma sustancial, en un 20 por ciento como mínimo, de forma que no superen 3 veces IPREM y que el esfuerzo para el pago de la renta o precio, supere el 30 por ciento de los ingresos netos de la misma, y siempre que las rentas anuales de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida, fueren, antes del devenir de la vulnerabilidad, iguales o inferiores a 5 veces el IPREM.