AYUDAS AGROAMBIENTALES

Las Opas dicen que Hacienda «obliga» a Agricultura a retrasar los pagos

ABC

El sindicato agrario Asaja denunció que la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León publica ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) una modificación de una orden para ampliar los plazos para hacer efectivos los pagos de determinadas ayudas — ... agroambientales, a zonas desfavorecidas y al asesoramiento de explotaciones— alargándolo hasta el 1 de julio. En el caso de la ayuda a la remolacha, precisaron, la Junta suprime el anticipo previsto hasta ahora, que le habría obligado a adelantar 1,5 euros por tonelada de remolacha contratada antes del 10 de diciembre de 2011, y unifica el apoyo en un solo pago a realizar antes del 15 de octubre del 2012.

Según la información recabada por Asaja, «tan sólo en las ayudas agroambientales y en las de zonas desfavorecidas la Junta adeudaba a los agricultores a finales de año 65 millones». En este sentido, Asaja denunció un agravio entre consejerías ya que, según afirmaron, las ayudas agroambientales de forestación de tierras agrarias, que gestiona la Consejería de Medio Ambiente y que utilizan el mismo instrumento financiero, ya se han pagado a los destinatarios. Por ello, Asaja consideró «lamentable» que la Consejería de Hacienda esté «bloqueando la totalidad de las partidas de fondos agrarios, excluidos los pagos directos de la PAC porque no puede tocarlos, lo que está llevando a una situación muy comprometida a la mayoría de las explotaciones de la región».

Más de 100 millones

Una acusación que también comparte la Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y Coag, quienes ayer alertaron de que la Consejería de Hacienda «obliga» a la de Agricultura y Ganadería a «retrasar» el pago de algunas ayudas para el sector, cuya fecha límite se fija para el 1 de julio se 2012. Estas ayudas que «tradicionalmente» se percibían en el tramo de primeros de noviembre a finales de diciembre, «se retrasarán la mayor parte al primer semestre del 2012». Los importes aproximados de todos estos pagos se situarían, a juicio de UPA y Coag, «por encima de los 100 millones», ya que «al no poner la Junta y el Ministerio de Agricultura el 50 por ciento a partes iguales, Bruselas no abona el 50 restante», informa Ep.

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