El tanatorio de Valladolid investigado por estafa achaca la acusación de fraude a un exempleado resentido

La operación dio comienzo ayer a las 08.00 horas. Hasta una veintena de policías nacionales y miembros de la Agencia Tributaria se personaron en el tanatorio que la funeraria tiene en Valladolid, situado en el cementerio de El Carmen, y de donde se incautaron de media docena de cajas con documentación en un proceso que finalizó a las 14.15 horas y durante el cual el edificio permaneció abierto al público.

En las más de seis horas de registro, las personas que llegaban a llorar a sus seres queridos también se preguntaban qué ocurría en el lugar, en el que la Policía estaba yendo y viniendo por el edificio. Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, por el tanatorio no pasó ningún afectado, aunque probablemente la duda pesase sobre muchas mentes de vecinos vallisoletanos que se despertaron con la noticia, ya que se trata de uno de los tanatorios más concurridos de la provincia.

A su vez, los agentes realizaron registros tanto en las dependencias que la compañía tiene en la capital como en otro tanatorio en el municipio de Santovenia y en las viviendas donde viven algunos de los detenidos. Fuentes del caso aseguran que entre estos catorce arrestados, cuatro son miembros de una misma familia vinculada a la propiedad de la firma y no descartan hacer más arrestos en próximos días.

Esta intrincada investigación por la que se trata de determinar si los empleados de la funeraria cambiaban los féretros comprados por los familiares se inició en el 2017, año en el que, según un comunicado de la compañía, el grupo sufrió «por parte de un extrabajador, un chantaje económico a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido». Ante el posible delito, El Salvador interpuso una denuncia por el que el extrabajador, jubilado en febrero de 2015, fue condenado a un año de prisión por extorsión. En la notificación también explican que la sentencia indicaba que el acusado «chantajeó» a la compañía con el objetivo de que fuera «mejorada su pensión de jubilación», y sin que en la citada sentencia «se determinara actuación irregular alguna por parte de la empresa».

Según la firma, las actuaciones emprendidas en el día de ayer son «una pieza separada» del anterior procedimiento, con lo que se defendió alegando que siempre han mantenido «unos rigurosos controles que aseguran la transparencia» del proceso de incineración. «Todos los crematorios del Grupo El Salvador cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación», aseguraron. Asimismo, en el escrito aseveran que «desde el primer momento» el grupo se ha personado en el procedimiento «como Acusación Particular, con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidades que pudieran derivarse».

Ante este proceso, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) exigió ayer la «depuración de responsabilidades», si las hubiera, tras conocerse el supuesto fraude que podría retrotraerse a varios años atrás. En este sentido, Panasef se apresuró a matizar que la mercantil investigada «no forma parte» de suS asociados, para condenar a continuación estas actuaciones.