Once detenidos en la segunda fase de la 'Operación Alhucema' por explotar a jornaleros irregulares en Valladolid

Los cabecillas, los cinco primeros detenidos en primera instancia entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2020, estaban al frente de dos sociedades mercantiles que realizaban contratos con agricultores para dar trabajo a parte de ellos. A algunos les daban de alta en la Seguridad Social con todos los trámites en regla, mientras que a otros, les tenían «de sol a sol de 14 horas» , según el jefe de la Brigada provincial de Extranjería, José Nieto Barroso . A estos les conseguían documentación de terceras personas, además de las condiciones laborales infernales.

Entre los servicios de la gestoría estaban altas y bajas en la Seguridad Social fraudulenta s, contratos ficticios de trabajo y de alquiler de viviendas, conseguir prestaciones , regularizar situaciones, agrupamiento familiar. Cabe destacar, que estos beneficiarios también residían fuera de España , en países de la Unión Europea. El coste de estos 'trámites' era de entre 250 a 8.000 euros.

Según el propio comisario, el trabajo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), Brigada Central de Trata de Seres Humanos, de la Policía Nacional y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid ha continuado desde la primera fase se ha realizado de forma «muy callada pero muy constante» gracias a la que se ha permetido esta segunda ronda de detenciones.

Los delitos de los implicados pasan por acusaciones por fraude a la seguridad socia l, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. «Estaban perfectamente estructurados , por ello se le imputa organización criminal», ha señalado Barroso.

La forma de actuar pasaba por el boca a boca entre los propios jornaleros -muchos de origen marroquí-. A partir de ahí la organización contactaba para comenzar los trámites y expedir la documentación falsa solicitada -a más papeles más cuantía-. Los trabajadores eran designados a trabajos agrarios por los que eran explotados.

La investigación arrancó gracias a la declaración de un testigo protegido que se vio inmerso en la trama, y tras el contacto y el inicio de su trabajo en el campo, por el que, además de ser explotado, los cabecillas le reclamaban con chantajes «gran parte« del dinero que ganaban . A partir de ahí la Policía Nacional entró de raíz y tras las dos fases, con dieciséis detenidos, no dan por cerradas las detenciones ni la cuantía defraudada, que estiman en «varios miles de euros».