La Justicia suspende la caza en Castilla y León

La Sala de lo Contencioso-Administrativo adopta esta postura ponderando pros y contras y concluyendo que los daños para los intereses generales derivados de esta decisión «pueden ser controlados por la administración, mientras que el interés más frágil» es el de la conservación de la fauna silvestre, que podría sufrir perjuicios «irreparables». No lo comparte la Junta ni tampoco la oposición. El responsable de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado de «grave» el panorama que resulta de este dictado, que -dijo- tendrá repercusiones económicas y sociales, pero también «medioambientales y de seguridad ciudadana».

Ante esta situación, Gobierno regional y oposición han decidido unir sus fuerzas, Hay mucho en juego desde el punto de vista económico y medioambienta en una comunidad principalmente rural. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, junto con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, han elaborado una proposición de ley, a la que se han sumado PSOE, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Esta iniciativa recoge la reglamentación suficiente como para que, una vez que entre en vigor, la caza vuelva a ser una actividad posible. Sólo el diputado de Izquierda Unida se ha quedado al margen, mientras que Podemos, que cuenta con diez parlamentarios, se ha mostrado dispuesto a estudiar la iniciativa, aunque ya ha manifestado su posición favorable al mantenimiento de la actividad cinegética.

La idea es que la proposición de ley incluya una por una todas las especies, así como los mecanismos de control de cada una de ellas. El hecho de que sea una ley aprobada por todos los grupos, obligaría a que los posibles recursos se presenten ante el Tribunal Constitucional, no ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. A este órgano han recurrido las organizaciones ecologistas y animalistas, consiguiendo siempre resoluciones favorables a sus intereses y contra los criterios de la Junta de Castilla y León.

La proposición de ley será sometida a la consideración de la Cámara en el pleno del día 12 y aprobada para convertirse en ley en la sesión del 26, antes de que se disuelvan las Cortes.

Conocida la decisión del TSJ, las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones agrarias como UPA-COAG aseguró que este «palo judicial» a la Consejería de Medio Ambiente «golpea las costillas» de los agricultores y ganaderos, que son los que en mayor medida sufren las consecuencias de una «proliferación inaguantable de todo tipo de animales silvestres», ya que destrozan los cultivos, matan al ganado, transmiten enfermedades, provocan muertes en accidentes de tráfico y, «si de la voluntad de algunos grupos animalistas dependiera, acabarán por ser los únicos seres vivos que pueblen el medio rural».

También se han pronunciado desde el Colegio de Ingenieros de Montes. Estiman que el fallo es «desproporcionado» además de que adolece de «desconocimiento de los ecosistemas». A juicio de este colectivo, y tal y como trasladó a través de un comunicado, la caza, en los términos en los que se viene practicando en Castilla y León, ha demostrado ser «compatible» con la supervivencia de las especies cinegéticas.

El colectivo recordó que todos los terrenos cinegéticos se encuentran regulados por planes de caza elaborados «para cada coto» que establecen las especies y cantidades que se pueden cazar de forma sostenible para ese ecosistema concreto. Por ello, el riesgo para las especies cinegéticas de no suspender la orden de caza «es mínimo» como «se viene demostrando desde hace décadas».