La Junta demanda al Estado para que abone 182 millones por el IVA no ingresado de diciembre de 2017

En concreto, de esos 182 millones , 120,49 son de principal y 61,51 de pérdida indirecta -que se corresponden a 30,98 millones de euros por el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros correspondientes al Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de cooperación-, según informan fuentes de la Administración regional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El conflicto surgió con la aprobación por el Estado del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, donde se estableció un nuevo sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, ampliando el plazo de liquidación del IVA para todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el impuesto era mensual -grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA-.

Tras el cambio, la fecha límite para liquidar cada mes pasó del día 20 al día 30 del mes siguiente, y con este retraso el ingreso de la liquidación del IVA de noviembre de 2017 pasó de contabilizarse en diciembre de 2017 a contabilizarse en enero de 2018 , es decir, en otro ejercicio, a pesar de que fue efectivamente ingresado por las empresas en el Estado dentro del año 2017.

Este cambio en las fechas de ingreso del IVA solamente le provocó al Estado un retraso de 10 días en el ingreso en su caja , ya que recaudó lo mismo que hubiera recaudado conforme a las reglas antiguas. Sin embargo, para las comunidades autónomas, como Castilla y León, ha supuesto la pérdida de la financiación de un mes entero del IVA en la liquidación del sistema para 2017, pérdida que será permanente.

Ello ha conllevado, como señala el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, que la Comunidad tuviera que acudir al sistema de crédito al no disponer de un dinero con el que contaba, ya que con él se atendían servicios esenciales autonómicos que no podían dejar de prestarse, como los sanitarios, los educativos o los de servicios sociales, dinero que la Junta tendrá que devolver.

En la demanda de esa cantidad se ponen de manifiesto las sucesivas y reiteradas peticiones efectuadas desde entonces por la Consejería de Economía y Hacienda , tanto por carta al Ministerio de Hacienda como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que el Estado haya materializado una solución.