‘Por el futuro de todos’

2. En tal situación, los firmantes de este documento, junto con todos aquellos que se sientan representados en él, queremos expresar, ante todo, una firme posición de rechazo a la independencia territorial planteada fuera del marco de la Constitución y, correlativamente, una postura de apoyo a las instituciones del Estado llamadas a mantener y hacer cumplir la legalidad vigente, en la seguridad de que, tanto las decisiones que proceda adoptar, como las medidas que deban aplicarse, serán fruto del consenso constitucional básico y del diálogo que, en asuntos de tanta trascendencia para el interés general, deben practicar los grupos políticos representativos del conjunto de España.

3. En nuestro caso, lo hacemos desde una Comunidad Autónoma que contribuyó decisivamente a lo largo de la historia a configurar la realidad que es España, tanto en su dimensión territorial, como en su personalidad en el contexto internacional. Castilla y León, en efecto, más que desarrollar una identidad diferenciada, aportó la suya para formar un espacio común donde han podido integrarse identidades plurales; lo que nos permite y nos facilita una mejor comprensión de la diversidad como punto de encuentro integrador y no excluyente.

4. Cataluña forma parte inseparable de ese espacio común que la historia ha decantado desde hace siglos. Poner en cuestión un vínculo tan prolongado y tan intenso en un momento en que todos estamos comprometidos en procesos supranacionales de mayor envergadura no es comprensible, ni útil. España no ha existido nunca sin Cataluña y Cataluña sin España. España sería más débil sin Cataluña; Cataluña pondría en riesgo su propio futuro, europeo e internacional, fuera de España. No hay razón que lo avale, más allá de la exacerbación política de un sentimiento identitario, que merece respeto pero que en absoluto justifica los intentos secesionistas.

5. Desde esa posición integradora que históricamente hemos ocupado, afirmamos comprender mejor y respetar las diversas identidades que forman el conjunto de España; la de Cataluña, junto con otras, en particular. Y no vemos inconveniente en que los hechos diferenciales que la caracterizan sean jurídicamente reconocidos y protegidos, sin perjuicio de la igualdad básica, en los derechos y en los deberes, entre todos los españoles. La unidad y la diversidad dentro del mismo Estado no son incompatibles en nuestro sistema político; al revés: son dos caras de una misma moneda. España es un país que tiene un profundo corazón múltiple (Ortega y Gasset) y en los mejores momentos de nuestra historia esa complejidad ha sido una riqueza que ha traído progreso y libertad para todos.

6. Afirmamos igualmente nuestra opinión de que la vigente Constitución española de 1978, muy mayoritariamente refrendada también en Cataluña, ha sido un marco democrático adecuado y fructífero para combinar la unidad del proyecto común que es España y la diversidad de las Comunidades que la integran, algunas de ellas especialmente singulares. Durante ya casi 40 años, ese marco jurídico ha propiciado desarrollo y progreso, no exento de problemas en algunas etapas, tanto del conjunto como de cada territorio integrante. Cataluña no sólo ha formado parte del modelo, sino que, en gran medida, lo ha liderado en su devenir, tanto por las políticas propias que más tarde han inspirado a las demás Comunidades, como por la posición de árbitros de la política nacional que con frecuencia han ostentado algunos partidos nacionalistas catalanes.

7. En ese sentido es innegable que el citado modelo ha propiciado un grado de descentralización y de autonomía verdaderamente importante, nunca antes conocido en la historia de nuestro país, y en un nivel material y competencial que en nada tiene que envidiar al de los Estados de estructura federal más significativos, máxime teniendo en cuenta cual era el punto de partida en nuestro caso. Todo ello ha sido posible a lo largo de un proceso en que la estabilidad del marco jurídico fundamental se ha ido combinando con una evolución dinámica en su aplicación. La profunda autonomía ha sido compatible, sin embargo, con un elevado grado de relaciones e interdependencia entre los diversos territorios. Así, por ejemplo, importantes empresas catalanas, sean financieras, industriales, agroalimentarias, del sector de la energía, de la automoción y de otro tipo, prestan sus servicios en Castilla y León; y relevantes flujos de intercambio social, cultural, turístico, etc., forman parte del día a día de nuestras Comunidades. En definitiva, la autonomía ni ha supuesto ni supone obstáculo alguno para una profunda y fructífera interdependencia en la realidad cotidiana.

8. Creemos firmemente que así debe seguir siendo: el modelo conocido mantiene tanta vigencia como utilidad, sin perjuicio de iniciativas consensuadas de reformas que contribuyan al perfeccionamiento y profundización del modelo y a un mejor encaje entre lo particular y lo común. Será en ese contexto negociado, dentro de una legalidad generosa y abierta, donde puedan y deban contemplarse aspectos específicos que merezcan reconocimiento. Pero será el desarrollo convenido del modelo, y no su ruptura o su desgarro unilateral, lo que proporcione armonía para otro largo periodo de tiempo de convivencia en el futuro. La inmensa mayoría de los castellanos y leoneses perciben, con la cabeza y también con el corazón, a Cataluña como parte del proyecto de convivencia en común. Una eventual opción de secesión, cuyos efectos concretos, a diferencia de lo ocurrido en algunos procesos similares (véase el caso de Escocia y el Reino Unido), no han sido enunciados con precisión ni sinceridad, no sólo nos haría a todos más pobres desde el punto de vista económico, sino también menos fuertes como comunidad política.

9. Transmitimos también esta reflexión a tantos y tantos paisanos nuestros, originarios de las diversas provincias de Catilla y León, que en distintos momentos de la historia se vieron en la necesidad de emigrar a otros lugares, entre los que Cataluña resultó ser tierra preferente de destino y acogida en muchos casos. Allí encontraron una oportunidad laboral o profesional, allí formaron con frecuencia una familia, ya con sucesivas generaciones, allí han desarrollado su vida; en la inmensa mayoría de los casos lo han hecho integrando esa doble condición, en la que se combinaba con armonía la sensibilidad conservada de su tierra natal con la aproximación cultural y lingüística a una identidad que han percibido como compatible. Ellos son probablemente los mejores testigos de una simbiosis entre lo castellano y leonés y lo catalán, positivamente mezclados en la categoría común de lo español, entendida en formas naturalmente diversas. Su testimonio de convivencia es hoy también su testimonio de preocupación por el riesgo de verse abocados a una dinámica de tensión que desearían evitar.

10. Finalmente, hacemos desde aquí, y desde la legitimidad histórica que nos avala, un llamamiento firme y preocupado a la sensatez responsable, a la racionalidad y al cumplimiento de las reglas de la legalidad democrática. Se trata, por supuesto, de poner de manifiesto los riesgos y los perjuicios de todo tipo, sociales y económicos, culturales y personales, además de políticos, que pueden ser todavía evitados con la apuesta compartida por un proceso de diálogo que ponga freno a una estrategia de desgarro, de dispersión y de tensión, con consecuencias imprevisibles para Cataluña y para España. Pero, también con la misma convicción, reiteramos nuestro rechazo a las iniciativas unilaterales de secesión, nuestro compromiso con la defensa de la “soberanía nacional que reside en el pueblo español” (art. 1.2 de la Constitución), así como de la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos” (art. 2 de la Constitución), y nuestro apoyo a las instituciones encargadas de aplicar la legalidad constitucional y de velar por su cumplimiento.