La Audiencia de Burgos reabre el caso de los exorcismos en Valladolid

La Sala ha dictado un auto en el que ordena que las actuaciones continúen a fin de que se practiquen nuevas diligencias necesarias para «valorar la verdad interina de los hechos denunciados, así como la voluntariedad de la renuncia a la acción de la denunciante y, en suma, la determinación de la naturaleza jurídica de los hechos denunciados», según indicaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Las nuevas diligencias que se detallan en la resolución son seis, más aquellas otras que se consideren «necesarias» con posterioridad, precisaron. Así, se solicita que se recabe del Hospital Fuente Bermeja (Burgos) el historial psiquiátrico completo de la joven con la finalidad de poder valorar el estado psicológico y si pudo ser sometida a presión para de que modificase su posición procesal.

Asimismo, se pide que se proceda por parte del médico forense al reconocimiento personal de la joven denunciante para que informe sobre el grado de voluntariedad en el momento de confeccionar el escrito por si pudo ser sometida a presión para que modificase su posición procesal. Entre las diligencias nuevas también se pide que se practique la oportuna prueba pericial-médico forense, para que se valore si, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en el momento de los exorcismos, y teniendo en cuenta que la denunciante era menor de edad, existe la probabilidad de estar ante la causación de un daño psíquico, o ante un maltrato psíquico sin lesión ni secuelas.

Además, se pide la declaración como investigado, tal y como solicitó la acusación popular y que ya fue acordada por el juzgado, al sacerdote exorcista , a fin de que explique las prácticas realizadas a la joven y las finalidades pretendidas con las mismas. Finalmente, se solicita que se tome nueva declaración a la joven denunciante, como solicita la defensa de sus padres.

La medida de la Audiencia Provincial, aclaran fuentes judiciales, responde a que «no practicar las diligencias de prueba esenciales para agotar la investigación penal supondría cerrar en falso la instrucción penal», dado que, en el presente caso, por la juez instructora, se ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa, al dar plena prevalencia al contenido de la carta manuscrita verificada por la denunciante. En ella, «materializa su deseo de retirar la denuncia», así como en la manifestación contenida en la comparecencia de 27 de mayo de 2015, al renunciar a cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderle.