El juez Presencia, condenado otra vez por prevaricación

La última condena se ha conocido este jueves. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego le considera autor de un delito de prevaricación contemplado en el artículo 446.3º del Código Penal. En su fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el tribunal estima probado que Presencia dictó una resolución judicial injusta, «a sabiendas», cuando estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera. Fue el 26 de febrero de 2014. Con su decisión favoreció al acusado, amigo suyo, en un procedimiento por un delito de estafa, según el tribunal.

Términos similares emplearon los tres jueces de esa misma Sala la primera vez que condenaron a su compañero de profesión en mayo de 2016. Entonces Presencia «dictó a sabiendas una resolución injusta para favorecer a un amigo imputado» en unas diligencias previas. La actuación judicial del magistrado se llevó a cabo por el supuesto atropello de un peatón en una calle de Talavera de la Reina y la posterior fuga del presunto autor , que tenía una «estrecha amistad» con el juez.

Fruto de esa primera condena, Presencia está suspendido para ejercer como magistrado del juzgado de Talavera al que está adscrito, en tanto se resuelve el recurso de casación que presentó contra esa sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).

También es muy probable que la sentencia conocida este jueves sea recurrida por Presencia. La resolución que ha propiciado esta segunda condena es un auto oral de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, documentado por escrito 17 meses después por el magistrado reincidente. El juez adoptó esa decisión tras la declaración de una persona que había sido denunciada por estafa, pero sin haber realizado la práctica de diligencias acordadas previamente, además de no disponer una prueba pericial caligráfica indispensable para el procedimiento.

La Sala que lo juzgó considera probado, igualmente, que el magistrado mantenía una relación de amistad con el presunto estafador, según se desprendió de los testimonios escuchados durante el juicio.

A tenor del fallo judicial, que tiene en cuenta numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, el magistrado dictó el auto de sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento por un delito de estafa sin tener «todo sustento jurídico y razonabilidad».

Solo contó como prueba con la declaración del querellado, «sin esperar al resultado de diligencias ya acordadas, tales como varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria, o la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado».

Esa forma de proceder fue ejecutada por Presencia de forma dolosa, «a sabiendas», pues era consciente de «estar dictando por su propia voluntad una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en Derecho», lamenta el tribunal en su sentencia.

Además de 3.600 euros (doce meses, con una cuota de 10 euros diarios) y la inhabilitación durante 10 años para el cargo de juez o magistrado, la Sala le condena también a la pérdida definitiva del cargo que ostenta, así como a que no podrá obtener empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o fuera del mismo, durante el tiempo de la condena.

Presencia llegó a los juzgados de Talavera después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le sancionase, en mayo de 2012, con un año de traslado forzoso, sin posibilidad de concursar durante ese mismo periodo, cuando el magistrado era titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia. Se le impuso ese destierro por haber impartido unos cursos de formación incompatibles con su función de juez. El Tribunal Supremo ratificó después la sanción por una falta muy grave y le condenó a pagar 3.000 euros de costas.

Luego en la Ciudad de la Cerámica la polémica ha seguido rodeando a Presencia, quien se ha enfrentado al mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, y al fiscal coordinador de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz.

Precisamente por una denuncia del fiscal talaverano Presencia tuvo que ser detenido en febrero de este año por la Policía Nacional, después de no comparecer en tres ocasiones en el juzgado del que Presencia sigue siendo el magistrado titular, si bien está suspendido de sus funciones. La orden de arresto fue firmada por su sustituta, María Soledad Losana, a la que dijo que iba a denunciar por detención ilegal y prevaricación.

Con todo, el juez se considera «acosado» por el Consejo General del Poder Judicial. «A mí me están machacando por denunciar la corrupción, y soy juez. Imagino lo que puede sentir cualquier otro ciudadano; por eso nadie lo denuncia», ha sostenido Presencia públicamente.