El martirio de cuatro policías de pueblo a manos de su alcalde: «Inútiles, que sois unos inútiles»

En el juicio con los agentes de la Policía local, celebrado a mediados de julio, Amando Blanco aceptó una condena de 15 meses de prisión y una indemnización de 4.000 euros, más intereses legales, para cada agente por un delito continuado contra la integridad moral. Los retrasos en el procedimiento jugaron en su favor y la sentencia, que acaba de publicarse, fija una suspensión de la condena de dos años, condicionada a que no delinca y a que abone la responsabilidad civil a los policías.

En la redacción del fallo judicial se utilizan términos como «comportamiento hostil y autoritario» del exalcalde, que «de manera contumaz y reiterada» quiso desacreditar la actividad profesional y laboral de los agentes. Se reproduce literalmente como hechos probados el escrito del fiscal, quien sostiene que, desde el inicio de su mandato, Blanco manifestó de manera pública su intención de «eliminar» a los cuatro policías, «expresando de manera clara y directa que deberían ir buscándose otros trabajos», además de amedrentarlos con que, «si podía echarlos, iba a hacer todo lo posible para que se fuesen».

En su amplio relato, el fiscal cita un episodio ocurrido el 9 de agosto de 2011, cuando Blanco se dirigió a dos policías insultándoles en la calle delante de vecinos de este pueblo de 2.000 habitantes porque, a su parecer, no se había instalado correctamente una señalización de tráfico: «Inútiles, que sois unos inútiles; si no sabéis hacer las cosas, no las hagáis. Prefiero que digáis que no tenéis ni puta idea y lo hago yo, pero no hagáis esta mierda». Y añadió: «Súbete a mi coche, listo, que no tenéis ni puta idea; así puedes ver que las señales no se ven y se tienen que ver a 500 metros».

En otra ocasión, el 19 de enero de 2012 en la plaza de España, Blanco dijo a un policía que estaba «harto» de los agentes «porque no hacéis nada más que daros de baja y esto lo voy a solucionar yo de una vez». «Os voy a despedir -continuó- y después cada uno que se vaya al juzgado a denunciarme lo que le dé la gana». «Si me hubiera hecho caso de una persona, ya estabais en la calle. Mis abogados están trabajando en ello y estoy esperando a ver qué me dicen», amenazó. «Voy a empezar a abrir expedientes sancionadores para echaros y mientras os voy a bajar el sueldo mucho, pero mucho», sentenció.

Dos semanas después, el 1 de febrero de 2012, Blanco solicitó también a los agentes que comunicaran los turnos de vacaciones de verano de ese año en un plazo de 48 horas. Los policías le informaron de que disponían hasta el 30 de abril, pero el alcalde terminó por imponer los turnos a tres de ellos, siendo los únicos funcionarios del ayuntamiento a quienes se imponía las vacaciones.

Antes de que acabara febrero de aquel año, en su despacho de la corporación local espetó a un policía sobre las bajas laborales: «Tienes a todos los compañeros bailándote el agua; cuando tú no estás, todo funciona bien. Pero cuando regresas, me encuentro un montón de escritos. Tú sabes cuándo se van a dar de baja y a dar de alta, lo sabes muy bien. Voy a mandar estos escritos a mis abogados; y te aviso, te estás metiendo en un pozo porque estás amenazando con estos escritos». Y añadió: «Las vacaciones este año van a ser las que yo ya he concedido y no otras».

En el escrito del fiscal se recoge también que el alcalde cambió los horarios y turnos de los agentes en julio para alterarlo hasta dos veces más en apenas una semana. Y los policías tuvieron que cumplir la orden de Blanco de entregar a los vecinos durante dos años, de 2012 a 2014, una carta de felicitación por su cumpleaños, a pesar del escrito enviado por el director general de Protección Ciudadana para que no mandara esa tarea a los agentes.

Llegó enero de 2013, cuando una técnico en Riesgos Laborales realizó un informe de evaluación en el que apreció acoso psicológico hacia los policías por parte del alcalde, cuya actitud provocó que los cuatro agentes sufrieran situaciones de incapacidad transitoria en algún momento por la «situación de presión psicológica sufrida», señala el fiscal en su escrito y que se recoge en la sentencia.

Pero Blanco continuó con su trato vejatorio, como sucedió el 12 de marzo de 2013 durante una reunión con ellos a raíz de un escrito que habían enviado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. «Estáis llamando inútiles a los habitantes de Cazalegas; voy a convocar un pleno solo para que la gente sepa lo que pensáis de ellos. Esto lo tiene que saber el pueblo», los amedrentó. «Voy a tomar las medidas oportunas y que cada uno apechugue con sus consecuencias -amenazó seguidamente-. Estáis llamando analfabetos a los del pueblo. Quizá vosotros tengáis menos estudios que la gente y que yo, porque vosotros solo habéis estudiado una oposición en una academia y ya sois policías. No sé de qué os quejáis del trabajo y que lo mismo os troncháis trabajando». Y ese mismo día les cortó el servicio de teléfono fijo de las dependencias policiales y el acceso a internet y fax.

Tuvieron que soportar igualmente que Blanco les redujese los ingresos económicos al suprimirles el plus de productividad y que difundiera, a través de los medios de comunicación, la situación de baja laboral en la que se encontraban como consecuencia del expediente sancionador abierto contra ellos. Con todo, se creaba un «clima de hostigamiento contra estos servidores públicos».

En la sentencia y en el escrito del fiscal se narran asimismo cambios de cuadrantes «sin justificación alguna» y continuas modificaciones de los turnos, hasta 21 en un mismo mes, «llegando a tener que realizar [los agentes] de doce a quince noches al mes y trabajando todos los fines de semana».

Incluso el alcalde llegó a prohibirles el uso del vehículo policial, «salvo en caso de urgencia», y debían comunicarle en cada ocasión que necesitasen su uso para que «él valorase si era o no una situación de urgencia». Un control, indica el fallo judicial, que Blanco llevó a cabo «únicamente» sobre los agentes locales, pero no con respecto al resto de funcionarios, lo que suscitó una «situación discriminatoria y de agravio comparativo».

En el fallo se asegura que Blanco no dudó en «desprestigiar y atacar la profesionalidad de los policías al criticar su trabajo respecto de las multas que imponían». Porque las sanciones de tráfico también lo llevaron a ser condenado en 2015 a siete años de inhabilitación por anular multas. Cometió prevaricación al dejar que caducaran 17 boletines de denuncia formulados por los policías locales a familiares, amigos y afines políticos al ex regidor municipal de Cazalegas.