Un expreso acusado de estafa se mofa de la Justicia en cuatro ocasiones

Era la cuarta ocasión, en tres años, que la Audiencia señalaba el juicio. Por este motivo, los magistrados Manuel Gutiérrez, Juan Manuel de la Cruz y Gema Ocáriz, que componían el tribunal, decidieron a mediodía redactar un auto para declarar la busca, captura y el ingreso inmediato en prisión de Víctor González Rubio hasta la celebración de la vista .

Por su manera de actuar, el procesado se está mofando de la Justicia desde 2014, cuando se le intentó citar por primera vez a juicio. Para entonces había salido de la cárcel y no se le halló en el domicilio que facilitó. Tras una segunda tentativa, también infructuosa, la Audiencia le declaró en busca y captura para notificarle el aviso.

Fue detenido, se le informó de la fecha en que tenía que presentarse en la vista oral, el pasado 9 de enero, y se le puso en libertad. Pero por tercera vez no compareció a la vista. Contactó ese mismo día con la Audiencia para justificarse. «Se había roto el embrague de mi coche en Cuenca», dijo a la persona que le atendió por teléfono.

El tribunal volvió a señalar el juicio para este miércoles, a las 11.00 horas; un aviso que Víctor recibió. No obstante, desde la Audiencia le telefonearon el día antes para preguntarle si acudiría a la cita. «Sí, voy a ir», respondió a través del móvil. En la sede judicial, sin embargo, dudaron de que cumpliera su palabra. Por eso le llamaron ayer de nuevo por teléfono, una hora antes de la vista oral. Víctor volvió a asegurar que acudiría, pero no compareció.

No son las únicas circunstancias singulares protagonizadas por el acusado que aderezan este caso. Por ejemplo, Víctor ha espetado por teléfono al personal de la Audiencia que él no necesita abogado. Sin embargo, tiene asignado una letrada de oficio, quien no conoce personalmente a su defendido y con la que tampoco quiere hablar. Ella sí le telefoneó en una ocasión la pasada semana, cuando le facilitaron el número del móvil de Víctor, pero éste no contestó. La abogada no lo intentó de nuevo y, finalmente, su cliente la volvió a dejar plantada en la Audiencia este miércoles. También al tribunal y a la presunta víctima, que está en libertad y que iba a declarar por videoconferencia.

A pesar de todos los pesares, la letrada ha elaborado su escrito de defensa utilizando los autos, una práctica generalizada en los casos de turno de oficio. «Normalmente, el abogado y su cliente no se ven hasta el mismo día del juicio», explica la letrada.

En el caso de Víctor, no ha habido ocasión. El Ministerio Público pide al tribunal cuatro años de prisión para el acusado, además del pago de una indemnización de 78.100 euros, como autor de una estafa a un interno de la prisión de Ocaña 1 (J. N. M.).

Víctor y la presunta víctima se conocieron allí en 2008 porque ambos estaban encarcelados. Según el fiscal, el encartado convenció al otro interno de que realizara varios ingresos como provisión de fondos para sufragar los costes de su puesta en libertad. El engañado, entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, llegó a pagar hasta 78.100 euros. Pero luego no se llegó a realizar ninguna gestión con el proceso penal y la víctima continuó en la cárcel.

En el exterior, Víctor habría estado compinchado con un abogado, ahora fallecido. Ambos convencieron a la víctima de que se realizarían todas las gestiones precisas para obtener su inmediata puesta en libertad.

Según el fiscal, Víctor y el abogado le entregaron el número de una cuenta corriente bancaria, de la que el acusado era titular, en el que la víctima depositó hasta 78.100 euros en siete ingresos en dos meses, entre el 21 de febrero y el 29 de abril de 2008.

La abogada de Víctor, en cambio, pide la libre absolución para su cliente. Según la letrada, que prefiere el anonimato, el delito ha prescrito. «El fiscal no debe calificarlo como una estafa agravada, sino como una estafa tipo. Y, de ser así, estaría prescrita, porque hubo un periodo de paralización del caso de más de tres años», justifica la letrada. «Considero, además, que no es ilícito penal, sino civil», añade.

Para la abogada, el beneficiario de los 78.100 euros que pagó la víctima fue el abogado ya fallecido, que murió durante la instrucción del procedimiento. «La responsabilidad penal se agota con la muerte de la persona», explica. «El recluso era un mero intermediario y yo creo que hay pruebas para demostrarlo», asegura. «Lo más fácil para él (Víctor, el acusado) sería venir a la Audiencia y explicar su verdad», concluye.

En los próximos días, la letrada hablará con el Colegio de Abogados de Toledo porque está sopesando renunciar a la defensa de su cliente, que ha rechazado su ayuda y hasta hablar con ella. «Sin embargo, si se nombrase otro abogado, se ocasionaría un perjuicio para el procesado, ya que estaría más tiempo en prisión hasta asignarle otro», avisa la letrada.